Sospechan que desviaron fondos para capacitaciones: qué bienes quedaron bajo la lupa de la Justicia
La Justicia extendió los embargos sobre bienes de la cooperativa Viento Sur. Son ocho los imputados por el supuesto desvío de $1.208 millones. Lo que se sabe, adentro.
El juez de Garantías Lucas Yancarelli decidió extender por seis meses los embargos que pesan sobre bienes ligados a la cooperativa Viento Sur, en el marco de una causa que investiga un presunto desvío de dinero público destinado a programas sociales. La medida fue pedida por la fiscal Rocío Rivero y se conoció después de que el Ministerio Público solicitara elevar el expediente a juicio.
Son ocho los imputados en esta investigación, entre ellos dos exministros provinciales de Desarrollo Social: Abel Di Luca y Gerardo Chapino. Según la acusación, los fondos que el Estado neuquino entregó para capacitaciones laborales de integrantes de organizaciones sociales habrían terminado en otros destinos. Los hechos investigados ocurrieron, siempre de acuerdo con la pesquisa, entre 2022 y 2023.
Qué hizo la fiscalía con el dinero
La teoría del Ministerio Público sostiene que el dinero se habría usado para comprar inmuebles, vehículos y para hacer transferencias a cuentas particulares de los acusados. La semana pasada, los fiscales pidieron la elevación a juicio de la causa por el delito de administración fraudulenta.
Además de los exfuncionarios, tres integrantes de la cooperativa Viento Sur, identificados como D.M., S.E.B. y L.L.V., fueron imputados como coautores. Otras tres personas, B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S., están acusadas como partícipes necesarios. Para la fiscalía, exfuncionarios y particulares actuaron de manera coordinada para montar un esquema de desvío de fondos dentro del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.
El perjuicio al Estado provincial fue estimado en $1.208.657.600 a valores históricos, una cifra que marca la magnitud del supuesto fraude.
Qué bienes quedaron alcanzados
Rivero justificó la prórroga de los embargos por la situación procesal de la causa y por los riesgos que se consolidaron tras la formalización de la acusación y el pedido de apertura del juicio oral. Las defensas no se opusieron a la extensión, aunque hicieron consultas sobre el uso de los vehículos incluidos en la medida.
La medida cautelar alcanza a tres inmuebles de la cooperativa Viento Sur, cuatro automotores que quedaron en depósito judicial y un plazo fijo constituido con fondos que provenían de las cuentas de la entidad. La nueva prórroga tendrá vigencia por seis meses, contados desde el vencimiento de las medidas anteriores.
