Sturzenegger confirmó el envío de un paquete de reformas inmobiliarias y el sector ya se prepara para el debate

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el Gobierno enviará en junio al Congreso un paquete de reformas para modificar el corretaje y otras actividades reguladas. El anuncio ocurrió en un encuentro sectorial en la Universidad Católica Argentina, donde adelantó que buscan reducir costos y ampliar la competencia.

“Creemos que habrá una notable reducción en los costos de compraventa y además vamos a quitar la pata del Estado para agilizar un mercado inmobiliario que siempre es activo”, sostuvo Sturzenegger tras el encuentro. El proyecto todavía no ingresó formalmente al Congreso, aunque dentro del mercado ya descuentan que incluirá cambios sobre colegiación, corretaje y regulaciones.

Un cruce no tan simpático

La discusión tomó fuerza luego de una reunión entre funcionarios nacionales y representantes de entidades inmobiliarias. Participaron Marta Liotto (COFECI), Román Paikin, Jorge Alberto Pighin (FIRA) y Fernando Guzmán (FIRA). Las entidades defendieron el rol de los colegios profesionales y remarcaron la importancia de la capacitación y la seguridad jurídica.

Marta Liotto explicó: “No fue una reunión sencilla porque estamos parados en posiciones distintas desde lo ideológico”. Los corredores inmobiliarios, dijo, “son profesionales que se capacitan permanentemente para administrar e intermediar sobre el patrimonio de las personas”.

Qué busca cambiar el ministerio desregulador

Según Sturzenegger y borradores que circulan, el Gobierno apunta a modificar varios ejes. Entre los principales cambios aparecen:

• Flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.
• Revisión del rol de los colegios profesionales y de sus facultades regulatorias.
• Eliminación de honorarios mínimos obligatorios en operaciones inmobiliarias.
• Apertura a nuevos modelos de intermediación y plataformas tecnológicas Proptech.
• Reducción de barreras de entrada para nuevos actores del mercado.
• Digitalización y simplificación de trámites vinculados con compraventas.
• Desburocratización de procesos administrativos y registrales.
• Ampliación de competencia entre operadores inmobiliarios.
• Impulso a modelos comerciales con menores costos de intermediación.
• Creación de una nueva ley de defensa de la competencia que también alcanzaría a colegios profesionales.
• Revisión de restricciones jurisdiccionales que hoy limitan actividad entre provincias.
• Flexibilización de estructuras regulatorias que el oficialismo considera “privilegios corporativos”.

Defensor acérrimo

Jorge Amoreo Casotti, referente de la plataforma Proptech PINT, respaldó públicamente la necesidad de avanzar sobre cambios en el sistema de colegiación. “Como toda desregulación, permitiría la competencia de nuevos actores y rompería con una anomalía argentina que tiene que ver con haber transformado una actividad comercial en una profesión científica”, planteó.

Casotti vinculó el debate con los costos que enfrentan compradores, vendedores e inquilinos. “Gran parte de la composición de los precios tiene que ver con costos administrativos, comercialización, escrituraciones y todo el bagaje jurídico detrás de una operación”, explicó. También puso el foco sobre el crecimiento del ecosistema Proptech y el impacto tecnológico.

Fuerte rechazo del sector

Desde FIRA advirtieron que una flexibilización de la matrícula podría aumentar riesgos de estafas. Jorge Pighin explicó que la postura oficial apunta a ampliar la libertad para ejercer actividades económicas. “El Estado no debería impedirle trabajar a nadie”, sostuvieron desde el Ministerio.

Pighin reconoció la importancia del diálogo: “Como primera medida agradecemos que nos hayan recibido. Las partes se escucharon respetuosamente”. Sin embargo, aclaró: “La postura de la federación va a ser una oposición a este proyecto porque creemos que la seguridad jurídica está muy en riesgo”.

Las entidades aseguraron que el 95% de las estafas proviene de personas sin matrícula. Los colegios cuentan con tribunales de disciplina para actuar frente a irregularidades. Mientras tanto, colegios y cámaras de distintas provincias ya contactaron a diputados nacionales y legisladores locales para frenar cualquier modificación que elimine la matrícula obligatoria.

Pighin concluyó: “Vamos a ser una oposición constructiva para encontrar puntos equidistantes y ver hasta dónde podemos encontrarnos para sacar una ley que favorezca a todos”.