Sturzenegger y Bullrich sellan un acuerdo clave: ¿qué pasará con las tierras para extranjeros?

Tras semanas de tensión en el oficialismo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich limaron asperezas y confirmaron que el proyecto de tierras se tratará el 6 de agosto. La iniciativa, que elimina restricciones para la venta a extranjeros, fue postergada cuatro veces.

El ministro de Desregulación y la jefa del bloque oficialista acordaron mantener los cambios consensuados con senadores libertarios y bancadas dialoguistas. Bullrich anunció a la prensa que Sturzenegger aceptó las reformas y que "el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados".

La reunión se realizó durante la tarde en el Senado, con la participación del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Uno de los puntos que generó malestar era la potestad de las provincias para aprobar ventas a inversores extranjeros y la posibilidad de dictar normas propias.

¿Qué dijo Bullrich sobre el rol de las provincias?

La senadora afirmó que "las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias". Explicó que Sturzenegger "tenía algunas dudas" y que le aclararon que los cambios responden a "una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones".

Bullrich subrayó que "es un proyecto consensuado entre todos los bloques y no pone en peligro la soberanía; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros".

Los límites a la venta de tierras: punto por punto

La última versión del dictamen establece que cada provincia conserva la jurisdicción plena sobre su territorio y podrá establecer su régimen jurídico. Se prohíbe la adquisición de tierras rurales por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.

Toda compra de tierras rurales por extranjeros debe inscribirse en el Registro Nacional de Tierras Rurales. Para inmuebles en zonas de seguridad de frontera, se requiere autorización de la provincia y del PEN. Además, se elimina el artículo del silencio administrativo que permitía la venta automática si no había pronunciamiento en seis meses.