Suspendieron los jurados civiles en el Chaco y desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados apuntan contra el STJ

La decisión del Superior Tribunal de Justicia del Chaco de suspender sin plazo la implementación de los juicios por jurados en materia civil despertó una fuerte reacción de Silvina Manes, presidenta de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, quien calificó la medida como “un grave retroceso” y cuestionó los fundamentos de la mayoría del máximo tribunal provincial.

En declaraciones a CIUDAD TV, Manes recordó que Chaco fue la primera provincia argentina en sancionar una legislación específica para incorporar el juicio por jurados a determinados procesos civiles y comerciales. La norma se aprobó en diciembre de 2020 y preveía una implementación gradual.

Según explicó, la oportunidad para ponerla en práctica surgió a partir de pedidos de dos juzgados civiles y comerciales, en causas donde las partes, sus abogados y los magistrados coincidían en que los casos fueran sometidos a un jurado ciudadano.

Sin embargo, el STJ resolvió suspender la aplicación de la normativa por tiempo indeterminado. Para Manes, eso implica en los hechos impedir que una ley sancionada por la Legislatura pueda aplicarse.

“Suspenderla sin fecha de aplicación es directamente una derogación tácita”, sostuvo, y cuestionó que la mayoría del tribunal haya asumido, a su entender, facultades que corresponden al Poder Legislativo.

“La mayoría se arrogó facultades legislativas que son exclusivas y excluyentes de la Legislatura, que votó a favor de la participación de la gente en los juicios civiles”, afirmó.

El argumento presupuestario

Uno de los fundamentos que, según Manes, se plantearon para justificar la suspensión tiene que ver con las condiciones presupuestarias necesarias para implementar el sistema. La titular de la Asociación rechazó ese argumento y aseguró que el impacto económico sería reducido.

“La afectación del presupuesto es mínima, es del 0,15% del presupuesto total del Poder Judicial”, afirmó durante la entrevista.

También cuestionó la consideración de que las causas involucradas no reunirían las condiciones para ser resueltas por un jurado ciudadano. Manes puso el foco en los procesos de responsabilidad civil extracontractual vinculados con accidentes de tránsito, conflictos que, sostuvo, tienen una fuerte relevancia social.

Como respaldo, mencionó el informe de siniestralidad vial de 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial: según esa entidad, durante ese año se registraron 185 víctimas fatales por siniestros viales en Chaco, y la provincia se ubicó tercera a nivel nacional en la tasa de mortalidad por esta causa.

Para Manes, esos datos muestran que los casos relacionados con accidentes viales constituyen una problemática social en la que la participación ciudadana puede aportar una perspectiva diferente.

“Subestimar la capacidad de nuestra ciudadanía”

Ante la posibilidad de que existan reparos dentro de la Justicia sobre la capacidad de los ciudadanos para intervenir en decisiones judiciales civiles, Manes reivindicó la experiencia chaqueña en materia de jurados populares.

“Chaco, con 99 juicios por jurado ya realizados”, sostuvo, “ha dado muestras cabales de una madurez cívica absoluta”.

La dirigente consideró que la experiencia acumulada en materia penal permite discutir el argumento de que la ciudadanía no estaría preparada para intervenir en procesos judiciales.

“El pueblo chaqueño ha demostrado que está en condiciones como para resolver perfectamente cualquier caso, sea penal o sea civil”, afirmó.

¿Se puede recurrir la decisión?

Manes también planteó la posibilidad de cuestionar judicialmente la acordada del STJ. Según explicó, las acordadas de los tribunales superiores tienen naturaleza administrativa y, desde su perspectiva, podrían ser susceptibles de revisión cuando sus efectos pudieran afectar derechos o disposiciones constitucionales.

Mencionó como eventual alternativa la presentación de una acción de amparo, aunque aclaró que estaba estudiando esa posibilidad. Su planteo volvió a centrarse en la división de poderes: “Los jueces tienen que aplicar la ley, los legisladores crean la ley y el Poder Ejecutivo la sanciona”, resumió.

La ley chaqueña de juicio por jurados civiles, recordó, se sancionó en 2020 con una implementación gradual. Para Manes, esa gradualidad no puede convertirse en una postergación indefinida.

“La gradualidad es una herramienta para empezar con determinados casos, pero no para, de manera encubierta, directamente dejar sin efecto la ley”, sostuvo.

Chaco, una experiencia que buscaba expandirse

La suspensión también fue interpretada por la Asociación como un retroceso en el proceso de expansión de este mecanismo en el país. Manes recordó que durante 2025 se realizó en Chaco un congreso internacional con la participación de más de 40 abogados de Estados Unidos, que llegaron a la provincia para conocer la experiencia de la única jurisdicción argentina que hasta entonces había previsto legalmente el juicio por jurados en materia civil.

También señaló que otras jurisdicciones comenzaron a avanzar en esa dirección: Santa Fe incorporó el juicio por jurados civiles a su Constitución y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según indicó, se trabaja en un proyecto para implementar el sistema en materia civil y comercial.

En ese contexto, consideró que la decisión del STJ chaqueño constituye un retroceso en un proceso que buscaba ampliar la participación ciudadana en la Justicia.

“Esperamos que se pueda hacer efectiva esta ley, que se adopten las medidas necesarias para comenzar con su implementación”, concluyó.