Tafí Viejo mueve la Justicia Federal por los Talleres: la carta que cambia el futuro del predio

La Municipalidad de Tafí Viejo ultima una presentación ante la Justicia Federal para frenar la incorporación de los históricos Talleres Ferroviarios al proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística. La movida ya tiene respaldo político: el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que habilita las gestiones administrativas y judiciales para proteger el predio de 23 hectáreas, cuya titularidad sigue sin estar clara.

El detonante fue la Resolución 1761/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, que metió instalaciones ferroviarias en el esquema de reorganización y venta de la empresa estatal. En el municipio encendió alarmas: está en juego el futuro de los talleres, su valor patrimonial y el puesto de unos 50 trabajadores que hoy se dedican al mantenimiento y la reparación de vagones.

El antecedente que puede torcer la historia

El fiscal municipal, Víctor Schedan, sostuvo que hay antecedentes legales para cuestionar la inclusión del inmueble en el proceso que impulsa el Gobierno nacional. Según explicó, en la década de 1990, durante la gestión del ex gobernador Ramón Ortega, se acordó donar los terrenos a la Provincia de Tucumán. Las autoridades del Ferrocarril General Belgrano aceptaron la operación, pero la transferencia formal nunca se completó.

“Al día de hoy nunca se concretó la transferencia de un inmueble a nombre de la provincia, eso es algo que está pendiente de hacer”, señaló el funcionario.

Con ese antecedente, el municipio busca primero despejar quién tiene derechos sobre el predio y, si la Nación no da marcha atrás, avanzar con una acción de amparo para pedir la nulidad de la medida.

Respaldo unánime y una aclaración clave

El respaldo quedó sellado con la ordenanza 022/2026, que los 12 concejales aprobaron en una sesión extraordinaria el lunes. El presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Córdoba, contó que el proyecto se retocó para darle respaldo institucional a las acciones que encare el Departamento Ejecutivo.

También puso paños fríos: la norma no convierte automáticamente al municipio en dueño de los terrenos, sino que fija las herramientas para determinar la situación jurídica.

“Con esta ordenanza no estamos diciendo que el municipio haya adquirido automáticamente la propiedad de las 23 hectáreas”, afirmó Córdoba.

Qué dicen desde Obras Públicas

El secretario de Obras Públicas, Pablo Della Torre, anticipó que la presentación judicial podría llegar en los próximos días. El funcionario cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de las instalaciones y puso el foco en la continuidad de la actividad ferroviaria y de los empleos.

El complejo abarca unas 22 hectáreas de talleres y otra hectárea de la estación ferroviaria. Hay construcciones del siglo XIX con protección patrimonial municipal. Della Torre recordó que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán hizo estudios sobre el valor histórico y el estado de conservación de los edificios, antecedentes que podrían servir para fundamentar su preservación.

La oposición acompaña, pero con matices

La defensa del predio también sumó apoyo de sectores opositores, aunque aparecieron diferencias sobre cómo recuperar la actividad productiva. El concejal del PRO Benjamín Terraf respaldó las acciones para esclarecer la situación de los terrenos, pero consideró que la participación de empresas privadas podría ser una oportunidad para revitalizar el complejo.

“Estoy absolutamente de acuerdo con que el sector privado venga a invertir en Tafí Viejo”, afirmó.

Eso sí: para Terraf, cualquier proyecto debe garantizar inversiones productivas, generación de empleo y continuidad de las tareas ferroviarias. Propuso mantener la reparación de vagones, sumar nuevas actividades industriales y armar una mesa de diálogo entre Nación, Provincia y Municipio.

Mientras el municipio avanza con la estrategia judicial, el futuro de uno de los establecimientos industriales más emblemáticos de Tafí Viejo sigue sin definición. La resolución dependerá, en buena medida, de quién es el dueño de las 23 hectáreas y del alcance real que tenga la privatización sobre las instalaciones. El objetivo local es claro: que el predio no se transfiera sin antes resolver su situación dominial y sin garantías para el patrimonio histórico y la actividad ferroviaria.