Tarjeta Naranja, en la mira: una sanción millonaria que llegó desde Tucumán
Un vecino de Concepción descubrió compras que no hizo en su resumen. La empresa no dio explicaciones y ahora deberá pagar una multa millonaria impuesta por el organismo tucumano. ¿Qué derechos tenés como consumidor?
La Dirección de Comercio Interior de la provincia impuso una multa superior a los 8.5 millones de pesos a una reconocida empresa de créditos. La sanción se aplicó por vulnerar los derechos de un consumidor tucumano que encontró cargos fantasma en su resumen.
El caso tuvo su origen en Concepción, donde el vecino Carlos Antonio Díaz realizó una denuncia formal. Díaz detectó en el estado de cuenta de su Tarjeta Naranja la presencia de compras que jamás realizó ni autorizó.
Ante el reclamo del usuario, la empresa adoptó una postura que terminó por agravar su situación. Según lo determinado por el organismo a cargo de Manuel Canto, la compañía no presentó un descargo formal, no aportó pruebas para justificar los cargos y ni siquiera se hizo presente en la audiencia de conciliación convocada.
¿Qué dice la ley y por qué la multa es tan alta?
Esta falta de respuesta fue determinante. La Dirección de Comercio Interior consideró que la conducta de Tarjeta Naranja S.A.U. constituyó una infracción clara a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor. Fue sobre esta base legal que se resolvió aplicar la cuantiosa sanción económica, que ronda los $8,500,000.
Manuel Canto, titular del organismo, explicó que medidas como esta se toman en resguardo de los derechos de todos los usuarios. Remarcó la importancia de que las instituciones actúen con firmeza para garantizar que las empresas respeten la normativa.
El funcionario también hizo una aclaración crucial: la protección del consumidor no es exclusiva para individuos en su rol personal. Esta defensa se extiende a los comerciantes y pequeños empresarios, quienes en su vida cotidiana también son consumidores y pueden verse afectados por prácticas abusivas.
El caso sienta un precedente importante en la provincia, demostrando que los reclamos de los tucumanos, cuando son fundados y se canalizan por los organismos correctos, pueden derivar en sanciones significativas para las grandes compañías.
