Te roban el celular: la ley que ya rastrea las líneas reactivadas y apunta a los talleres que las reviven
La ley que ya se aplica en Santa Fe no se queda en el control callejero: rastrea los celulares robados cuando les ponen otra SIM y apunta a los talleres que los reviven con un IMEI trucho. Cómo funciona el operativo que ya analizó 680 denuncias en Rosario.
La nueva norma que rige en Santa Fe para combatir el robo y la reventa de teléfonos móviles no se limita a los operativos callejeros. La Fiscalía General detalló que la ley ataca la cadena delictiva desde tres frentes: el rastreo de aparatos que vuelven a funcionar con otra tarjeta SIM, la detección de equipos adulterados y un registro obligatorio para comercios y revendedores.
La secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General, Marina Piretti, advirtió que el debate público suele quedarse con los controles en la vía pública y deja afuera otras herramientas clave de la legislación. En diálogo con la radio Cadena 3 Rosario, la funcionaria explicó cómo funciona cada mecanismo.
El rastreo de líneas reactivadas y la prueba piloto en Rosario
El primer eje apunta a los celulares sustraídos que vuelven a circular cuando se les coloca una nueva tarjeta SIM. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva adelante en Rosario una prueba piloto que permite detectar esas reactivaciones y citar a los titulares de las líneas para que entreguen los dispositivos.
Quien acredite haber comprado el equipo de buena fe no enfrenta consecuencias penales. En cambio, los datos sobre el vendedor, el medio de pago o el perfil usado en plataformas como Marketplace se vuelven fundamentales para escalar en la investigación y desarticular redes de comercialización.
Para que el rastreo funcione, desde la Fiscalía remarcaron la importancia de radicar la denuncia con la mayor cantidad de información posible. Recomiendan tener a mano el código IMEI —se obtiene marcando *#06# en el teclado del teléfono— y dejar asentadas todas las direcciones de correo electrónico vinculadas al aparato. Las denuncias se pueden hacer las 24 horas en la página web del MPA, en la sección específica para robo de celulares.
Los números de la prueba piloto son contundentes: sobre 680 denuncias analizadas se iniciaron 160 investigaciones, se recuperaron 14 teléfonos y otros 11 están en proceso de restitución a sus dueños originales.
IMEI virtual: la maniobra de los talleres clandestinos
El segundo mecanismo combate las maniobras técnicas para eludir los bloqueos de las empresas telefónicas. Piretti señaló que existen talleres clandestinos que instalan un IMEI virtual para simular otra identidad y habilitar aparatos denunciados. Como el identificador de fábrica funciona como el documento de identidad del equipo, los nuevos controles buscan diferenciar el código original del adulterado y sacar de circulación los teléfonos manipulados.
Los controles en la calle y el protocolo policial
En cuanto a los procedimientos en la vía pública, la funcionaria aclaró que el MPA y el Ministerio de Seguridad ultiman un protocolo conjunto y trabajan en la capacitación de los agentes. La ley faculta a la Policía a pedirle a cualquier ciudadano que marque *#06# y muestre el código en pantalla para verificarlo en la base de datos de equipos robados.
Si el teléfono tiene pedido de secuestro o si la persona se niega a exhibir el identificador, los efectivos pueden retener el aparato y consultar de inmediato al fiscal de flagrancia. Todo el intercambio entre la fuerza policial y los funcionarios judiciales queda registrado. Si se presume una compra de buena fe, el protocolo prevé citar al poseedor dentro de las 24 o 48 horas ante el MPA para evaluar la documentación de compra y definir el destino del equipo.
Registro provincial y fiscalización de comercios
El tercer pilar pone el foco en los locales de compra y venta, los revendedores habituales y los comercios que se dedican a la reparación y venta de repuestos. Con un plazo legal de 90 días para su puesta en marcha, la ley crea un registro provincial y habilita inspecciones conjuntas para evitar el desguace de equipos robados y la comercialización ilegal de piezas de alto valor, como módulos y pantallas.
Ante la falta de documentación que acredite el origen lícito de la mercadería, las autoridades podrán disponer decomisos, clausuras y sanciones penales o administrativas.
Desde la Fiscalía General insistieron en que la participación ciudadana es el motor indispensable para el éxito del plan, tanto al denunciar un robo como al aportar información sobre puntos de venta sospechosos. «Lo importante es que la gente sepa que puede hacer la denuncia, que hoy los teléfonos que se roban se rastrean y se tratan de encontrar y de volver a las víctimas», concluyó Piretti.