Te vaciaron la billetera virtual y no te diste cuenta: el detalle que complica a los bancos

Un préstamo millonario que nadie pidió, seguido de una ráfaga de transferencias: el caso que Defensa del Consumidor usa para marcar dónde fallan los bancos y las billeteras virtuales. Qué dicen desde el organismo y qué puede reclamar la víctima.

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Te vaciaron la billetera virtual y no te diste cuenta: el detalle que complica a los bancos
Te vaciaron la billetera virtual y no te diste cuenta: el detalle que complica a los bancos

El director de Defensa del Consumidor del Chaco, Giovanni Tessaro, advirtió que las entidades financieras tienen un deber de seguridad y alerta cuando detectan movimientos que se apartan de la conducta habitual de sus clientes. La advertencia apunta a un punto clave: qué pasa cuando una estafa digital termina con un préstamo que la víctima nunca pidió.

Las estafas digitales se multiplican y ya no apuntan solo a los adultos mayores. Correos falsos, mensajes en redes sociales, aplicaciones maliciosas, duplicación de teléfonos y maniobras de ingeniería social son las vías más usadas por los delincuentes para obtener datos y llegar al dinero de sus víctimas.

En diálogo con CIUDAD TV, Tessaro señaló que desde el organismo llevan adelante una campaña de prevención que al principio estaba dirigida a adultos mayores, pero que hoy alcanza a toda la población. El funcionario remarcó que las estafas también golpean a quienes usan bancos y billeteras virtuales.

Uno de los consejos centrales es desconfiar de los mensajes que piden información sensible. Las instituciones oficiales no deberían solicitar por correo datos como números de tarjetas o información bancaria, explicó. También recomendó revisar con atención quién es el remitente antes de hacer clic en cualquier enlace.

“Siempre ver el remitente, quién envía el correo”, sostuvo. Según detalló, en varios casos los mensajes fraudulentos salen de cuentas personales o direcciones que no tienen relación con el organismo que dicen representar. Ante la duda, la recomendación es consultar directamente con la institución involucrada o con Defensa del Consumidor antes de abrir el link.

El foco en las publicidades truchas de las redes

Tessaro también apuntó a las publicidades fraudulentas que circulan por redes sociales. Explicó que el Consejo Federal de Consumo mantiene una articulación con Meta Latinoamérica para detectar e informar URLs vinculadas con campañas maliciosas y pedir su baja.

“Es un trabajo de hormiga, pero suma”, afirmó. Para el funcionario, la prevención necesita la intervención conjunta del Estado, las plataformas digitales, los bancos y los propios usuarios.

Qué pasa cuando la estafa termina en un préstamo

Uno de los puntos más relevantes que planteó Tessaro fue qué ocurre cuando una persona cae en una estafa y, como consecuencia, aparece un préstamo que nunca quiso solicitar. Desde la Dirección de Defensa del Consumidor sostienen que las entidades financieras tienen un deber de seguridad y de alerta.

Como ejemplo, mencionó el caso de alguien que habitualmente no toma créditos de montos elevados y que, de repente, registra un préstamo millonario seguido de múltiples transferencias. Ese tipo de comportamiento debería activar mecanismos de alerta dentro de bancos y billeteras virtuales, según el funcionario.

También cuestionó que, en algunos casos, las empresas sean extremadamente rigurosas para validar la identidad de un usuario cuando presenta un reclamo, mientras que la contratación de ciertos productos financieros puede concretarse con procedimientos menos exigentes.

Tessaro explicó que hay casos en los que los delincuentes usan ingeniería social, instalan aplicaciones, duplican teléfonos o guían a las víctimas para que ellas mismas hagan determinadas operaciones, incluso con fotografías o mecanismos de validación biométrica.

“Hay una conducta habitual del consumidor cuando opera su billetera virtual y su caja de ahorro que debería ser tenida en consideración por los bancos”, sostuvo.

En ese marco, contó que la Dirección ya alcanzó acuerdos conciliatorios con entidades que al principio rechazaban los reclamos argumentando que había sido el propio consumidor quien entregó sus datos. Según relató, en algunos expedientes las billeteras virtuales terminaron proponiendo reintegrar el dinero o anular los créditos generados a partir de las maniobras.

“El consumidor no es experto en la materia, son las empresas las que tienen mayores recursos y están en mejor posición”, afirmó.

Educación financiera, morosidad y garantías

El funcionario destacó el trabajo de prevención del programa Educación para el Consumo, con charlas dirigidas a distintos sectores. La iniciativa también alcanza a jóvenes que empiezan a usar billeteras virtuales y otros servicios financieros, con el objetivo de evitar estafas y prevenir el sobreendeudamiento.

El programa aborda cuatro pilares: ahorro, inversión, control de gastos y planificación financiera. “El crédito no es el problema”, aclaró Tessaro. La idea es que las personas no se sobreendeuden ni queden fuera del sistema financiero.

En paralelo, la Oficina de Defensa del Consumidor comenzó a intervenir en casos de morosidad para acercar a consumidores, bancos y billeteras virtuales, buscando alternativas de reestructuración cuando la deuda es legítima pero el consumidor no puede afrontar las condiciones originales. Según Tessaro, los datos del Banco Central muestran una mayor exposición de los jóvenes a la morosidad, por lo que consideró necesario reforzar la educación financiera desde edades tempranas.

En cuanto a las garantías, recordó que los productos nuevos tienen una garantía legal mínima de seis meses y los usados, de tres meses. Algunos fabricantes ofrecen períodos superiores según sus manuales. Sobre la llamada “garantía extendida”, aclaró que en realidad se trata de un seguro y que su contratación es voluntaria: los comercios no pueden incorporarla automáticamente a una compra sin el consentimiento del consumidor. Si una persona descubre en su factura que le cobraron una garantía extendida que nunca pidió, puede reclamar ante el comercio o recurrir a la Dirección de Defensa del Consumidor.

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