Tenía un taller clandestino en su casa de Paraná: lo que encontraron adentro lo dejó sin salida

Un paranaense de 33 años fue condenado a dos años y diez meses de prisión de cumplimiento condicional por comprar, reparar, desbloquear y revender teléfonos celulares de procedencia ilegítima desde un local comercial clandestino que funcionaba en su propia vivienda.

La sentencia la dictó el Tribunal Oral Federal de Paraná, con la jueza Noemí Berros como responsable de homologar un acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la Defensa. El acusado, identificado con las iniciales JDL, reconoció su responsabilidad en los hechos.

La investigación, difundida por APF, estableció que el hombre adquiría celulares usados sin documentación que acreditara su origen, los reparaba, desbloqueaba o liberaba, y modificaba sus números de identificación IMEI para después venderlos.

Qué encontró la Justicia en la casa

La causa arrancó con un allanamiento autorizado por el juez de Garantías Ricardo Bonazzola en una vivienda ubicada sobre calle Jorge Haendel, a pocos metros de Lorenzo Anselmi, en Paraná.

El operativo tenía un objetivo puntual: localizar un teléfono BGH Joy. Ese dispositivo no apareció, pero los investigadores se toparon con una gran cantidad de celulares y elementos destinados a su reparación y modificación.

Entre los equipos había un Samsung J1 Mini y un Huawei cuyos números de identificación ya figuraban en registros como denunciados por robo.

Las pericias posteriores determinaron que, de los 32 teléfonos secuestrados, seis tenían denuncias por robo, hurto o extravío. En otros siete no se pudo comprobar el número de IMEI, mientras que los 19 restantes tenían identificadores habilitados para su uso.

Qué es el IMEI y por qué era clave

El IMEI es un código de identificación único que permite reconocer un teléfono celular. La jueza lo comparó con el documento de identidad de una persona: es el número asignado globalmente a cada dispositivo.

En este caso, las pericias comprobaron que el condenado usaba herramientas informáticas para alterar o reemplazar esos códigos. Contaba con programas de servicio técnico, liberación y desbloqueo instalados en una notebook Lenovo.

Berros sostuvo que el acusado tenía conocimiento de la procedencia ilegítima de los dispositivos y de la naturaleza ilegal de las maniobras. “En todo momento tuvo en sus manos el dominio de toda la secuencia ilícita”, afirmó la magistrada al analizar la adquisición, modificación y posterior reventa de los teléfonos.

En la sentencia, la jueza remarcó que “se acreditó que, en dicha casa-habitación efectivamente funcionaba un local comercial clandestino –no habilitado- de venta de terminales de telefonía móvil usadas”. Y agregó que el condenado adquiría equipos “de clara procedencia ilegítima”, los reparaba, desbloqueaba o liberaba, adulteraba o reemplazaba sus números de IMEI y luego los revendía.

Para la magistrada, se trataba de una actividad comercial ilegal desarrollada de manera habitual y con fines de lucro.

La condena y las reglas de conducta

El hombre fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de adquisición o utilización de terminales celulares a sabiendas de su procedencia ilegítima, agravado por el ánimo de lucro, y alteración o modificación de números de serie electrónicos o mecánicos, en concurso real.

La pena de dos años y diez meses de prisión quedó en suspenso, sujeta a condiciones. Entre las reglas de conducta, deberá realizar y aprobar el curso de Reparador de Electrodomésticos dictado en la Escuela de Educación Técnica Nº 5, Centro de Formación Profesional Nº 2, ubicada en Almafuerte 2285 de Paraná.

También tendrá que acreditar su inscripción y aprobación ante el Juzgado de Ejecución. El incumplimiento podría derivar en la revocación de la condicionalidad de la condena.

Qué ordenaron decomisar

La jueza dispuso el decomiso de los 32 teléfonos incautados, siete tarjetas SIM, dos tarjetas micro SD, dos dispositivos utilizados para tareas técnicas de telefonía, dos tablets, tres netbooks del programa Conectar Igualdad y una notebook Lenovo.

La medida se fundamentó en que se trataba de objetos vinculados con los delitos investigados o utilizados para cometerlos. Además, el condenado deberá afrontar la totalidad de las costas del proceso judicial.

Al fijar la pena, Berros valoró como agravantes la cantidad de celulares secuestrados, la organización de la actividad comercial clandestina y los conocimientos tecnológicos usados para modificar los dispositivos. También consideró que el acusado contaba con capacidades técnicas que podrían haberse destinado a una actividad laboral legal.

Como atenuantes, la magistrada ponderó que tenía 25 años al momento de los hechos, su nivel de escolaridad y la ausencia de antecedentes penales. Finalmente, consideró proporcional la pena de dos años y diez meses de prisión condicional, teniendo en cuenta las características de los delitos y las circunstancias personales del condenado.