Tenía una condena previa por enviar cocaína al exterior y cayó en Tokio con 101 cápsulas en el estómago

La historia de Rosa Micaela Quipildor, la argentina de 30 años detenida en Japón con más de un kilo de cocaína en su cuerpo, tiene un capítulo oscuro que recién sale a la luz: ya había sido condenada en la Argentina por intentar mandar droga al extranjero. El dato cambia por completo el perfil de la mujer que las autoridades niponas descubrieron en el aeropuerto de Haneda.

El antecedente data de noviembre de 2022, cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso. El motivo: el intento de despachar 1,36 kilos de cocaína a Tailandia y Malasia a través de encomiendas postales.

Una maniobra que se repitió

Aquella operación fue detectada entre agosto de 2021 y abril de 2022 por empresas de correo privado que operan en los barrios porteños de San Nicolás y Caballito. La causa terminó en un juicio abreviado, donde Quipildor reconoció su participación.

En ese momento, la Justicia decidió otorgarle la ejecución condicional de la pena. Los jueces tuvieron en cuenta su situación de extrema vulnerabilidad social: es madre de tres niños y vive en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Qué pasó en Tokio

El 10 de agosto pasado, la mujer llegó al aeropuerto de Haneda en un vuelo procedente de San Pablo, con escala en Londres. Los agentes aduaneros notaron que algo no cuadraba en su actitud y la derivaron a un centro médico.

Allí, las radiografías confirmaron lo que sospechaban: tenía 101 cápsulas con sustancias ilícitas en el estómago, cuyo valor en el mercado negro local supera los 150 mil dólares.

La confesión y el pago

Durante los interrogatorios en Japón, Quipildor confesó el hecho y reveló cómo fue reclutada. Según su relato, una mujer la contactó durante un festival en la Argentina y le ofreció 7.000 dólares para hacer el traslado. Los paquetes los ingirió en Brasil, antes de emprender el viaje hacia Asia.

El caso expone el modus operandi de las redes de narcotráfico internacional, que suelen apuntar a personas en situación de vulnerabilidad para usarlas como mulas. Ahora, la justicia nipona deberá definir su situación mientras la causa en la Argentina toma nuevos ribetes.