Tenía una tobillera que debía controlarla, pero una alerta cambió su situación por siete días

Una mujer quedó bajo prisión preventiva por siete días después de que se detectara que la tobillera electrónica con la que era monitoreada estaba dañada. Durante ese período, un equipo interdisciplinario evaluará su situación de salud y determinará si necesita un abordaje específico.

La medida fue dispuesta en el marco de una investigación por lesiones y daños. El hecho que se investiga ocurrió durante la madrugada del 28 de junio de 2026, cuando, según la imputación de la Fiscalía, la mujer habría herido con un arma blanca en el cuello a su expareja durante una discusión. La lesión fue considerada grave por el riesgo que representó para la vida de la víctima.

Cómo era el régimen que cumplía

El fiscal Marcos Sosa Lukman explicó que la imputada estaba bajo un régimen de libertad monitoreada, con la obligación de informar un domicilio y con restricciones de contacto y acercamiento respecto de la víctima, sus familiares y otras personas vinculadas a la causa. También tenía prohibido acercarse a la vivienda y al hospital donde permanecía internado el hombre, salvo excepciones por urgencias o turnos médicos justificados.

Qué pasó con el dispositivo

La situación cambió cuando una alerta indicó la apertura de la pulsera electrónica. Luego se constató que el dispositivo estaba dañado, lo que impidió continuar con su geolocalización.

Ante esto, la Fiscalía solicitó modificar la medida cautelar y avanzar con una evaluación para establecer si la mujer comprende las disposiciones judiciales, puede intervenir en el proceso y necesita atención específica en materia de salud mental.

El defensor oficial penal adjunto, Nahuel Benac, prestó conformidad con la prisión preventiva por siete días y dejó abierta la posibilidad de revisar la medida cuando se conozcan los informes profesionales. También planteó la necesidad de analizar de manera integral la perspectiva de género, las situaciones de violencia incorporadas al legajo y un posible contexto de consumo problemático.

El juez de garantías César Lanfranchi declaró legal la detención y dispuso la prisión preventiva por el plazo acordado. La situación cautelar podrá revisarse según los resultados de las evaluaciones y las indicaciones de los equipos de salud.

Por las características del caso, el magistrado ratificó las restricciones para proteger la identidad de la imputada: no podrán difundirse su nombre, imágenes, datos identificatorios ni la declaración que brindó durante la audiencia.