Tensión en el Senado: el Gobierno retira el capítulo sobre tierras a extranjeros tras el rechazo de Jaldo y Figueroa

El oficialismo dio marcha atrás con el polémico artículo que habilitaba la venta de campos a capitales extranjeros. La decisión se tomó después de que los gobernadores de Tucumán y Neuquén pusieran en jaque la sesión en el Senado.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada vivió horas decisivas. Mientras el Gobierno buscaba los votos para tratarla, la resistencia de los mandatarios provinciales obligó a recortar el proyecto original.

¿Qué dijo Osvaldo Jaldo?

El gobernador tucumano fue contundente: no pondrá facilitadores para que el oficialismo consiga los 37 votos que necesita. Según admitió, habló con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y ambas ratificaron su postura en contra.

“Las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, afirmó Jaldo, en una declaración que complicó los planes de La Libertad Avanza.

Neuquén y otras provincias en la misma sintonía

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, también salió a marcar la cancha. “No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, sostuvo.

El rechazo no se limitó a esas dos provincias. En Salta, la senadora Flavia Royón aparece como otra voz reticente, lo que sumó presión sobre el armado político del oficialismo en Buenos Aires.

El Gobierno recula y saca el capítulo

Ante el escenario adverso, el Ejecutivo decidió eliminar el inciso que generaba la discordia. La medida se conoció después de una cumbre con sectores aliados, donde participó Patricia Bullrich, para destrabar la sesión prevista para el jueves.

El proyecto, impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, necesitaba un respaldo que hasta el miércoles por la mañana aparecía incierto. La presión de los gobernadores fue determinante para el recorte.

Qué decía el artículo retirado

El texto original prohibía la compra de tierras rurales por parte de “Estados extranjeros”. Sin embargo, incluía excepciones que despertaron sospechas: permitía la adquisición por personas jurídicas de cualquier tipo y por agrupaciones con participación estatal extranjera, siempre que hubiera autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

Ese mecanismo de doble autorización fue el blanco de las críticas. Gobernadores y legisladores interpretaron que, en los hechos, la norma abría la puerta a la inversión foránea en el suelo argentino, contradiciendo el espíritu de protección territorial que prometía.