Tensión por la Ley de Tierras: el dato que expone a un departamento neuquino y la advertencia de la Iglesia

La reforma que impulsa el gobierno de Javier Milei sobre la propiedad privada tiene un nuevo foco de conflicto: un informe revela que un departamento de Neuquén supera ampliamente los límites de extranjerización de tierras. Mientras el oficialismo busca apoyos en el Senado, la Iglesia católica neuquina salió a cruzar el proyecto con duras críticas.

El estudio, presentado el viernes 24 en el Senado, fue elaborado por el Observatorio de Tierras, un equipo de investigadoras del CONICET y la UBA. Sus conclusiones sacuden los argumentos oficiales: casi el 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, unas 13 millones de hectáreas, una superficie comparable a toda Inglaterra.

¿Qué dice el informe sobre Neuquén?

El gobierno nacional sostenía que ninguna provincia superaba el tope legal del 15% que fija la actual Ley de Tierras Rurales. Pero el relevamiento, al desagregar por departamentos, encontró que 36 distritos ya exceden ese límite. Entre los casos más graves aparece el departamento Lácar, en Neuquén, junto a General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%.

Justamente por estos días, la Casa Rosada negocia contra reloj para conseguir los votos que le faltan en el Senado y poder avanzar con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, que ya tiene dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales –presidida por la libertaria neuquina Nadia Márquez– y de Legislación General desde el 20 de mayo, busca eliminar los topes federales para que extranjeros puedan comprar tierras rurales sin restricciones.

Qué cambia con la reforma

Hoy, la Ley 26.737 establece que las personas o empresas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Además, limita a mil hectáreas la superficie máxima por titular en la zona núcleo agropecuaria y prohíbe la compra de inmuebles en zonas de seguridad de frontera o con cuerpos de agua permanentes.

El proyecto oficial elimina todas esas restricciones para el sector privado. Eso sí, el dictamen incorporó un cambio: cada provincia podría regular, autorizar o prohibir las operaciones dentro de su territorio.

La Iglesia neuquina, en contra

La resistencia al proyecto encontró en Neuquén una voz potente: la del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) y el de Pastoral Social de la diócesis. En un comunicado difundido el martes 28, expresaron su “profunda preocupación” y “firme rechazo” a la iniciativa, a la que consideran “un grave retroceso para la soberanía territorial argentina”.

“Está en juego el futuro de nuestro territorio, el acceso al agua, la producción de alimentos, la preservación del ambiente y la capacidad del Estado de proteger recursos estratégicos que constituyen el patrimonio de la Nación”, advirtieron.

Para las pastorales, la tierra rural “no puede ser considerada exclusivamente una mercancía sometida a las reglas del mercado”. El documento también apunta a los legisladores nacionales, a los gobiernos provinciales y municipales, instituciones educativas y organizaciones sociales, para que se comprometan “con la defensa de la soberanía nacional, el ambiente y los bienes comunes”.

Según el Observatorio de Tierras, Estados Unidos encabeza el ranking de países con mayor superficie rural en Argentina, con unos 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Cifras que sirven para dimensionar el alcance de una reforma que promete encender más de un debate.