Tienen la casa hace años pero no es suya: el plan que ya anotó a miles de familias rionegrinas

En Río Negro hay un trámite que puede cambiarle la vida a miles de familias: la regularización dominial a través de la Ley Pierri, una normativa que permite poner la vivienda a nombre de quien la habita. Ya son más de 4.000 las familias que presentaron la documentación para iniciarlo.

«Darle estructura y mayor impronta a esta ley fue una decisión política», aseguró a Diario RÍO NEGRO Daniela Vivas, coordinadora de la Ley Pierri en la provincia. En los 39 municipios hay 72 referentes que trabajan en el territorio para capacitar a la población. «La provincia es extensa y diversa, la impronta es salir a buscar el reclamo en los barrios», afirmó.

Los caminos para regularizar una propiedad

Según explicó Vivas, existen distintos caminos para regularizar un dominio y en los operativos barriales se orienta a cada vecino sobre cuál le corresponde. «En los operativos barriales nos encargamos de decirle a la gente qué camino tiene que seguir», detalló.

El Colegio Notarial de Río Negro acompaña a las familias con un convenio que reduce los costos de los trámites que requieren escribano. «Uno quisiera que todas las personas que tienen una casa puedan hacer lo que quieran con ella. Venderla, heredarla a sus hijos. Se trata de tener una provincia regulada, ordenada, y que las personas tengan sus papeles en orden», señaló Ana Aguado, escribana en Bariloche y secretaria del Colegio, quien remarcó que estos trámites «benefician a todos: al Estado, a los profesionales, y a la gente».

El costo del trabajo de un escribano —revisar los expedientes, inscribirlos en el registro de propiedad inmueble y generar el acta notarial— es de 100 mil pesos, un valor reducido frente a lo que saldría de manera particular. Solo en Bariloche hay 10 escribanos adheridos al convenio.

Qué se necesita para iniciar el trámite

Para quienes ocupan una propiedad desde antes de 2006 y no tienen titularidad, la Ley Pierri es una opción viable. El trámite puede iniciarse online o de forma presencial en las delegaciones o con un referente territorial. «El trámite virtual finaliza con un número de expediente, que quiere decir que ya está iniciado el proceso», señaló Vivas, y aclaró que «sólo se puede hacer cuando la propiedad o la tierra pertenece a un privado o una sociedad comercial, como una constructora que ya no existe más, por ejemplo».

Si el terreno es de origen público, provincial o municipal, las vías son otras. El programa «Mi escritura, un derecho» apunta a regularizar de forma oficial y gratuita las propiedades edificadas sobre tierras fiscales, en los municipios adheridos.

«Lo primero es poder acreditar, de alguna forma, que se tiene la posesión desde el 1 de enero del 2006 o antes, que no hay otra propiedad inscripta a nombre de la misma persona, y que se compromete a seguir el proceso», explicó la abogada. La posesión puede demostrarse con boletas de servicios, boletines de colegio, partida de nacimiento, fotos con fechas o el boleto de compra-venta, si lo hubiera.

«Cada expediente es una historia familiar. Tenemos que demostrar la causa de la posesión y la permanencia en el tiempo», remarcó Vivas. «Lo que veo es la intención, no tanto la documentación».

Presentados los documentos, se notifica a los dueños originales para habilitar el derecho a la defensa. Después se realizan informes técnicos de la propiedad, informes con trabajadores sociales y se releva información en el registro de propiedad inmueble provincial. «Siempre me gusta explicar que no es un trámite, es un proceso», señaló Vivas. El título más rápido se concretó en seis meses, mientras que hay familias que esperan su escritura hace más de diez años.

Si el beneficiario fallece, hay que presentar el certificado de defunción para hacer el cambio de titularidad. Si la propiedad se vende durante el proceso, se debe emitir vía escribanía una cesión de derechos posesorios y quien compre puede continuar el procedimiento.

Qué puede cambiar con la ley nacional

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con media sanción en el Congreso y pendiente de tratamiento en Diputados, propone reemplazar el corte temporal de la Ley Pierri por un requisito móvil de 10 años de posesión pacífica, ostensible y continua anteriores a la presentación de la documentación.

«Se trata de defender el derecho del acceso a la vivienda, y también aumenta el valor de la propiedad, al tener escritura», explicó Vivas. Los próximos operativos territoriales serán a partir de octubre en Choele Choel, Chimpay, Allen y Bariloche.

La vía judicial: usucapión

Cuando no aplica la Ley Pierri, queda la prescripción adquisitiva de dominio, conocida como juicio de usucapión, regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación. «Son 20 años de posesión cuando no hay un justo título, y diez en caso de que lo haya», explicó Vivas. El justo título es un documento suficiente para transmitir un dominio, por ejemplo una escritura, aunque la haya dado alguien que no es dueño o una persona declarada incapaz en un juicio.

«Una consulta no baja de 80 mil pesos, a eso tenés que sumarle plano de mensura, costo de abogados durante el juicio, la inscripción en el registro de la propiedad, y otros gastos en el proceso», señaló la abogada.