Tienen la tierra a su nombre, pero el banco les cierra la puerta: el dato que expone el campo argentino

En la Argentina, las mujeres están al frente de apenas dos de cada diez explotaciones agropecuarias. La brecha no se detiene ahí: se agranda cuando se mira quién figura como dueño de la tierra, quién consigue un crédito y quién tiene un empleo registrado en el sector.

Así lo describe el informe El colectivo de las mujeres de la ruralidad argentina: con los pies en la tierra y el futuro entre las manos, elaborado por Mariana Stegagnini para la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina (MRA). El documento se presentó este lunes en la Comisión de Género de la Cámara de Diputados de la Nación y cruza estadísticas oficiales, investigaciones académicas y experiencias relevadas en el territorio.

La tierra, el primer obstáculo

El estudio toma como base el último Censo Nacional Agropecuario de 2018 y datos del Indec. Según ese relevamiento, “solo el 20% de las explotaciones agropecuarias está gestionado por mujeres, mientras que aquellas que figuran como propietarias se concentran mayoritariamente en pequeñas parcelas de menos de cinco hectáreas”.

Ese detalle no es menor. Sin la tierra a su nombre ni activos suficientes para ofrecer como garantía, muchas productoras chocan contra la puerta del sistema financiero tradicional. La falta de titularidad también se traduce en menos acceso a animales, herramientas, maquinaria e insumos, lo que frena la tecnificación y la posibilidad de crecer, sobre todo entre las pequeñas productoras y las que participan de emprendimientos familiares.

El trabajo que no se cuenta como trabajo

El panorama laboral muestra una desigualdad todavía más marcada. De acuerdo con los datos recopilados por MRA, “el 86% de las personas asalariadas agrarias registradas son varones”. Y si se mira solo el empleo permanente, la participación femenina se reduce aún más: “apenas el 6% de los puestos registrados corresponde a mujeres”.

Para la entidad, parte de esta situación se explica por una costumbre arraigada en el ámbito rural: “considerar que las tareas productivas realizadas por las mujeres constituyen una colaboración dentro de la economía familiar, en lugar de reconocerlas como trabajo”.

“En numerosos establecimientos, las actividades relacionadas con las huertas, la cría de animales menores, la elaboración de alimentos y la comercialización de excedentes se desarrollan junto con las tareas domésticas, sin una separación clara entre ambas responsabilidades”, precisa el documento.

Esa superposición, según el informe, genera “una doble falta de reconocimiento”: las tareas domésticas y de cuidado no se pagan, y el trabajo productivo queda anotado como una simple ayuda familiar. El resultado es que muchas mujeres no tienen ingresos propios, aportes previsionales, cobertura social ni antecedentes laborales que les permitan acreditar una actividad económica.

La brecha que se mide en productividad

Las desigualdades en el acceso a los recursos tienen consecuencias que exceden la representación femenina dentro del sector. El informe cita investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que detectan una brecha de productividad del 24% entre explotaciones gestionadas por mujeres y por varones del mismo tamaño.

La referencia internacional le sirve a MRA para mostrar cómo las diferencias en herramientas, tecnología, asistencia técnica y financiamiento terminan reflejándose en los resultados productivos. En la misma línea, el documento señala que, “en América Latina y el Caribe, las mujeres rurales reciben solo el 10% de los créditos productivos y apenas el 5% de la asistencia técnica”.

Un campo que envejece sin recambio

Otro punto que preocupa a la organización es la edad de las mujeres que viven en las explotaciones agropecuarias. Según los datos censales recopilados, “el 83% tiene más de 40 años y el 31% supera los 65, un perfil que plantea interrogantes sobre el recambio generacional y las oportunidades de las jóvenes para desarrollar proyectos de vida vinculados con la producción”.

A eso se suma la carga de las tareas de cuidado. Relevamientos realizados en Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, citados en el documento, muestran que las mujeres rurales dedican en promedio ocho horas y 16 minutos diarios al trabajo no remunerado, que incluye el cuidado de niños, personas mayores y familiares, además del mantenimiento cotidiano de los hogares.

Para MRA, la falta de reconocimiento de ese trabajo y las dificultades para acceder a los recursos productivos no solo condicionan la autonomía económica de las mujeres: también limitan el desarrollo de las comunidades y de la producción agropecuaria en su conjunto.