Tierra del Fuego: el proyecto que destrabó el paro docente ahora corre contra el reloj en la Legislatura

El Gobierno provincial puso en marcha el mecanismo de urgencia para que la Legislatura trate el proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, la carta que le permitió destrabar el conflicto con el SUTEF y volver a clases tras un paro que arrancó a comienzos de agosto. La iniciativa crea un Fondo de Financiamiento Educativo y le pone fecha de vencimiento al debate: si el Parlamento no lo rechaza expresamente antes del 6 de noviembre, queda aprobado solo.

El envío se hizo con trámite de urgencia, la herramienta que prevé el artículo 111 de la Constitución Provincial. Ese mecanismo activa un plazo de 30 días hábiles administrativos que empezó a correr ayer y vence el viernes 6 de noviembre. En ese lapso, la Legislatura debe pronunciarse: si no lo rechaza de manera expresa, el proyecto se convierte en ley. El Parlamento todavía puede dejar sin efecto la urgencia y seguir el camino ordinario.

De dónde saldrá la plata

El texto no se apoya solo en futuras partidas presupuestarias. El artículo 6 detalla fuentes concretas de financiamiento y ahí aparecen las medidas que más ruido van a generar.

Una es una alícuota adicional del 3% sobre Ingresos Brutos para las actividades gravadas que desarrolla el Banco de Tierra del Fuego, dejando al margen la exención que el Código Fiscal le reconoce a la entidad.

La otra toca el bolsillo de los usuarios de gas: se fija una alícuota del 3,47% de Ingresos Brutos para la actividad identificada con el código 352022, la distribución de gas natural. Hoy esa actividad tributa al 0%. Con el cambio, el mayor costo se incorpora a la estructura de la actividad y, según admite el propio proyecto, terminará impactando en las facturas.

A esos ingresos se podrán sumar hasta el 10% de los recursos adicionales que generen nuevos gravámenes sobre actividades estratégicas, hasta el 40% de los mayores recursos que surjan de modificaciones al Impuesto Inmobiliario y hasta el 10% de lo que se obtenga por cambios en la distribución de utilidades de empresas estatales. El Fondo también podrá recibir recursos por la explotación de hidrógeno verde y, a futuro, ingresos con afectación específica vinculados a la economía del conocimiento.

Los municipios, los primeros afectados

El inciso g) del artículo 6 dispone que el 0,5% de todo lo que la Provincia recaude por Ingresos Brutos vaya al Fondo y quede exceptuado del régimen general de reparto a los municipios. Según datos de AREF, entre enero y julio de este año la recaudación por ese tributo llegó a $109.529 millones. Tomando esa cifra como referencia, Ushuaia, Río Grande y Tolhuin dejarían de percibir alrededor de 550 millones de pesos.

Qué se puede hacer con el dinero

El destino no queda a criterio exclusivo del Ejecutivo. Como mínimo, el 50% deberá ir a fortalecer el salario docente. No menos del 25% se reserva para mantenimiento, servicios, mejoras y nueva infraestructura escolar, y otro 15% mínimo para equipamiento tecnológico y herramientas didácticas. El resto podrá cubrir contingencias o necesidades operativas del sistema.

La meta: del 4,5% al 7,8% del PBG

La otra pata del proyecto fija cuánto debería invertir la Provincia en educación a lo largo de cinco ejercicios fiscales. El recorrido arranca en el 4,5% del Producto Bruto Geográfico, sube al 4,98% en el segundo año, al 5,70% en el tercero, al 6,60% en el cuarto y llega al 7,8% en el quinto.

El PBG es el equivalente provincial del PBI: mide el valor generado por la producción de bienes y servicios dentro de Tierra del Fuego. Lo calcula el IPIEC a partir del valor agregado de cada actividad. Para 2024, el Instituto estimó preliminarmente un PBG de unos $3,77 billones. Solo como referencia, el 4,5% equivale a unos $170.000 millones y el 7,8% a alrededor de $294.000 millones.

Queda por definirse la línea de base y la metodología de estimación que se aplicarán cada año, algo determinante para saber qué valor del PBG se tomará y cómo se actualizará la meta. También está en construcción la referencia salarial atada a la Canasta Básica Total, uno de los puntos que surgió del acuerdo con el SUTEF y que necesita un indicador provincial para avanzar hacia una eventual equiparación.