Tierra del Fuego: la advertencia de una abogada sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

La abogada riograndense Sandra Arenas aseguró que la provincia no está en condiciones de aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que rige desde el 5 de septiembre y alcanza a adolescentes de 14 y 15 años. La profesional señaló que faltan recursos humanos especializados, equipos interdisciplinarios y dispositivos de seguimiento.

En diálogo con El Sureño, Arenas explicó que la reforma, impulsada por la Ley 27.801, reemplaza al sistema vigente desde 1980 y modifica el régimen para chicos de entre 14 y 17 años. La nueva normativa prioriza las medidas socioeducativas y la justicia restaurativa por sobre el encarcelamiento.

“Hoy Tierra del Fuego no tiene estructura”

“Nos faltan recursos humanos formados en derecho penal juvenil, nos faltan equipos interdisciplinarios, nos faltan dispositivos de seguimiento y nos falta capacidad en el área de salud para sostener los tratamientos que la ley presupone”, sostuvo la letrada.

Además, remarcó que las provincias deben adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo esquema, algo que, según dijo, todavía está pendiente en la provincia.

“Quiero ser clara: esta ley no viene a llenar cárceles, viene a hacer justicia restaurativa. Y esa es, justamente, mi preocupación, porque Tierra del Fuego no tiene hoy la estructura, los profesionales ni los recursos que ese modelo exige”, afirmó.

Qué cambia con la nueva ley

La Ley 27.801, vigente desde el 5 de septiembre, baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Sin embargo, Arenas aclaró que no se trata de una simple reducción: “Es un cambio de paradigma. Dejamos atrás el modelo del patronato, en el que el menor era un tutelado, y pasamos a reconocer al adolescente, desde los 14 años, como un sujeto de derechos, con las mismas garantías que tiene cualquier persona en un proceso penal”.

La nueva legislación establece un sistema penal especializado, contempla penas diferenciadas y fija un límite de 15 años para las penas privativas de la libertad, además de prohibir la prisión perpetua para menores de edad.

Para la abogada, el principal desafío no está en la existencia de la normativa, sino en las condiciones concretas para aplicarla. “El problema no está en la ley, está en cómo la vamos a aplicar”, concluyó.