Tierra del Fuego: la concesión petrolera que termina y deja un legado millonario

La provincia de Tierra del Fuego enfrenta un hito histórico: la primera concesión petrolera que expira sin prórroga. Sin embargo, lejos de frenar la actividad, el gobierno provincial ya tiene un plan para que la producción continúe y los trabajadores no pierdan su fuente de ingresos.

¿Qué pasó con la concesión?

La UTE integrada por Roch S.A., Secra, Crownpoint Energía S.A. y DPG (Desarrollos Petroleros y Ganaderos) decidió no solicitar una extensión de su contrato en las áreas Angostura, Las Violetas y Río Cullen. Esta situación, inédita en la historia petrolera fueguina, obligó al Estado a tomar cartas en el asunto.

El Gobierno de Tierra del Fuego AeIAS implementó un esquema de transición para evitar que la producción se detenga. La clave: Roch continuará operando por cuenta y orden de la Provincia hasta que se concrete la licitación que definirá al nuevo concesionario.

¿Cómo se protege a los trabajadores?

La medida no solo busca sostener la actividad, sino también resguardar a las familias que dependen del yacimiento. Alrededor de 50 familias viven directamente de esta explotación, y por eso el esquema contempla que los trabajadores sean reconvocados para seguir desempeñándose durante la transición.

La UTE, por su parte, deberá afrontar las indemnizaciones correspondientes por el cierre de la concesión, mientras que el personal mantendrá su puesto bajo la órbita de Roch en esta etapa.

¿Qué gana la Provincia?

El cierre de la concesión no es solo un desafío, sino también una oportunidad para fortalecer el rol del Estado en la explotación de sus recursos. La Provincia recibirá las instalaciones fijas, como infraestructura, baterías y plantas de procesamiento, además de la flota vehicular y los bienes de almacenes.

El valor conjunto de estos activos supera los USD 4 millones, un aporte fundamental para garantizar la continuidad operativa sin depender de nuevos desembolsos.

“La presencia del Estado permite que, frente a la finalización de una concesión, la Provincia pueda asumir un rol activo”, aseguran desde el gobierno provincial, destacando la protección del trabajo y la administración de los bienes que forman parte del patrimonio provincial.

¿Qué pasa con las obligaciones ambientales?

La UTE no se desliga tan fácil. Deberá cumplir con el saneamiento de los pasivos ambientales, el abandono de los pozos y demás responsabilidades que establece la legislación vigente. La transición busca un cierre ordenado, con continuidad productiva y resguardo de los trabajadores.

Mientras tanto, la licitación avanza para definir quién será el próximo operador de las áreas. Un proceso que, por primera vez, pondrá a prueba la capacidad de la Provincia para gestionar sus recursos hidrocarburíferos.