Tierra del Fuego redobla la apuesta por el radar y el puerto: los dos frentes que expone Villegas

El legislador Pablo Villegas puso en la misma balanza dos conflictos que tienen en vilo a Tierra del Fuego: la investigación por el radar de LeoLabs en Tolhuin y la pulseada por los controles ambientales en el Puerto de Ushuaia. Para el presidente de la Comisión Especial Investigadora, ambos casos dejan al descubierto que la Provincia no usó todas las herramientas a su alcance.

"Yo creo que la Provincia tiene atribuciones, que se ha quedado a mitad de camino. Hay herramientas que la Provincia pudo y puede utilizar tendientes a lograr el desarme", disparó Villegas sobre la estación instalada en Tolhuin.

La comisión que preside recibió testimonios de peso: el exministro de Defensa Jorge Taiana y el exjefe del Estado Mayor Conjunto Juan Martín Paleo. Taiana ratificó que su cartera consideraba al radar como una tecnología de función dual, civil y militar, pero aclaró que Defensa no tenía facultades para ordenar el desmantelamiento por sí sola. Paleo, en la misma línea, describió al equipamiento como una tecnología con capacidad potencial de empleo militar.

Qué revelaron los testimonios

Según Villegas, esas declaraciones sirvieron para afianzar las hipótesis que la comisión viene reconstruyendo. "Nos ha servido para ratificar algunas ideas y algunos hechos que venimos intentando reconstruir, relacionados directamente con cómo se instaló, cuáles fueron las decisiones que se adoptaron y cuáles son las implicancias técnicas y estratégicas de ese radar", explicó.

El recorrido administrativo del radar tiene fechas concretas: la autorización nacional para instalarlo y ponerlo en marcha se otorgó de manera precaria en noviembre de 2022, se suspendió en junio de 2023 y se canceló en agosto de ese mismo año. La comisión, creada en 2026, busca reconstruir esas actuaciones y determinar eventuales responsabilidades políticas y técnicas.

También pasó por la comisión el exvicepresidente del ENACOM Gustavo López, quien según el relato de Villegas sostuvo que el organismo nunca autorizó el uso del espectro radioeléctrico y propuso verificar técnicamente si el radar sigue operativo. Frente a las contradicciones, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

"Le hemos pedido a la CONAE, a través de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que vengan a la Provincia y puedan certificar de una vez por todas si ese radar está en funcionamiento o no", indicó Villegas. El objetivo es despejar ese punto antes de cerrar las conclusiones.

El legislador anticipó que intentará llegar a noviembre con un informe final y adelantó que impulsará una normativa provincial para proteger activos estratégicos y fijar mecanismos de consulta antes de autorizar proyectos de estas características.

El puerto, el otro frente abierto

La discusión sobre las competencias provinciales reapareció con fuerza en el Puerto de Ushuaia. La terminal está intervenida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación desde enero, por un plazo de doce meses, y la Provincia cuestiona judicialmente esa medida.

En las últimas semanas, personal del Ministerio de Producción y Ambiente intentó ingresar para fiscalizar residuos peligrosos, certificación ambiental y recursos hídricos, pero las inspecciones no pudieron concretarse. La Provincia sostiene que esas son funciones propias de sus organismos ambientales.

Para Villegas, la salida debe darse por dos caminos en simultáneo. "Uno es el de las actuaciones administrativas y judiciales, que hay que hacerlas todas en defensa y respeto al ejercicio de nuestra autonomía como Estado provincial. Y a la vez, en forma paralela, una mesa de diálogo institucional", planteó. Además, consideró que impedir los controles provinciales constituye un entorpecimiento de una función pública que podría tener consecuencias administrativas o penales.

El legislador contó que habló con el gobernador Gustavo Melella, quien le señaló que existe la posibilidad de conformar una instancia conjunta entre autoridades nacionales y provinciales para destrabar el conflicto portuario. Para Villegas, esa vía debe avanzar en paralelo con las acciones administrativas y judiciales.