Tierra en disputa en Garuhapé: la Provincia convoca a una mesa de diálogo para evitar un nuevo desalojo

El conflicto por el lote 78 en Cañafístula, Garuhapé, donde la comunidad mbya Puente Quemado II reclama territorio, vuelve a estar en el centro de la escena. La Justicia ya intervino, pero el Gobierno provincial busca ahora destrabar la situación con una nueva mesa de diálogo. La ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, confirmó que las partes se sentarán a conversar.

¿Qué está en disputa?

La pelea no es por las viviendas de la comunidad, sino por un sector ubicado a unos 12 kilómetros de donde están asentadas las familias. Según explicó Aguirre en FM 89.3 Santa María de las Misiones, esa zona forma parte del territorio de uso tradicional de la comunidad, relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“La situación en Garuhapé es en Puente Quemado, en Cañafístula, el lote 78, en donde existe un conflicto entre la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II y un particular que es el propietario titular registral de ese lote”, detalló la funcionaria.

Aguirre fue contundente al aclarar un punto que generó confusión: “El desalojo que ordenó en su momento la Justicia, que luego dio marcha atrás, no ha sido sobre la comunidad o donde viven las familias de Puente Quemado II”.

Ocupación en aumento y tensión en la zona

El conflicto arrancó hace meses por diferencias en el uso del monte. Lo que comenzó con unas seis personas ocupando el predio, hoy suma más gente, con otros caciques y comunidades que se sumaron al reclamo. Del otro lado, el propietario cuenta con el apoyo de colonos y presentó una denuncia por usurpación, que sigue en trámite.

“Esa ocupación de un grupo de más o menos seis personas en un principio, hoy por hoy ha aumentado su número bastante, sobre todo porque hay otros caciques y otras comunidades que van acompañando también el reclamo”, indicó Aguirre.

La mesa de diálogo: ¿una salida posible?

El Gobierno provincial apuesta a la negociación. Aguirre confirmó que mañana se realizará una nueva mesa de diálogo con todas las partes interesadas. “Será una mesa en donde nos sentaremos todas las partes interesadas”, adelantó.

“La Provincia por sobre todo tiene interés en que se mantenga la paz social. Garuhapé está convulsionado hace muchas semanas, entonces también desde el Gobierno de la provincia tenemos que llevar tranquilidad a toda la sociedad”, afirmó.

La ministra insistió en que no se impondrá nada a nadie: “No exigimos que ninguna de las partes haga algo contra su voluntad, sino todo lo contrario: intentamos que el diálogo genere puntos en común, puntos de acuerdo y que ambas partes se vayan satisfechas de esa mesa”.

“Acá no hay ni ganadores ni perdedores”

Para Aguirre, el caso es complejo porque chocan derechos y normas. Mientras el propietario se apoya en la normativa vigente, la Provincia defiende los derechos territoriales de los pueblos originarios.

“Hay una contraposición de normas. Esa norma positiva que nos da seguridad jurídica también a todos los que vivimos en este país se contrapone con otra norma que es de carácter de derechos humanos, de carácter constitucional, como lo es el territorio que los pueblos originarios están habitando”, sostuvo.

“Acá no hay ni ganadores ni perdedores, sino que puedan tener la tranquilidad de que han resuelto una situación que es verdaderamente compleja”, expresó.

El antecedente que enciende las alarmas

El cambio a nivel nacional preocupa al Gobierno provincial. La Ley 26.160, que frenaba desalojos de comunidades indígenas mientras se hacían relevamientos, fue prorrogada por 20 años, pero no resolvió los conflictos con propietarios privados.

“Tenemos 20 años que tenemos esa ley, que fue prorrogada una y otra vez para que se continúen los relevamientos territoriales, pero que no daba solución a este tipo de situaciones cuando había un particular o había tierras que no querían ser enajenadas y que estaban siendo ocupadas por comunidades aborígenes”, explicó.

Ahora, con la derogación de la prórroga por un DNU del Gobierno nacional, las comunidades perdieron esa garantía. “Al derogarse el decreto de prórroga con otro decreto que es un DNU del Gobierno nacional, lo que hace es dejar sin esta garantía que tenían las comunidades, que era la de no desalojo”, afirmó.

“Nosotros intentamos que esto no llegue a esa situación y que las partes entiendan de que tenemos que convivir en esta provincia”, remarcó.

100 de 141 comunidades tienen título de propiedad

Más allá de Puente Quemado II, Aguirre dio un panorama de la situación territorial de los mbya guaraníes en Misiones. De las 141 comunidades, 100 ya tienen título de propiedad.

“Nosotros hemos avanzado, el Gobierno de la provincia ha avanzado en una planificación, en un plan como para que cada comunidad pueda tener la propiedad del inmueble que habita”, destacó.

El problema surge cuando las tierras son privadas: “Cuando estamos hablando de privados nosotros no tenemos la potestad de obligar al privado o al particular a vender una tierra”.

La ministra también habló de la demanda de asistencia, que creció como en todos los hogares. “Por supuesto, aumentó mucho, como creo que aumentó en todos los hogares de la provincia y de nuestro país. Las necesidades se hacen presentes en cada una de las casas en donde hay que redoblar los esfuerzos para llegar a fin de mes”, señaló.

“Imagínense lo que será con las comunidades que por supuesto tienen muchísimas necesidades y estamos trabajando para acompañar y apoyar a cada una de ellas desde lo que podemos hacer desde el Estado”, sostuvo.

Además, cuestionó el retiro de la Nación: “La Nación se retiró totalmente de lo que es este tipo de políticas”. Por eso, Misiones mantiene programas de educación intercultural bilingüe, salud indígena y acceso a servicios.

Agua y electricidad, los otros desafíos

La falta de servicios básicos es otra realidad que atraviesa a las comunidades en tierras privadas. Aguirre contó que la semana pasada se logró un acuerdo con un particular para perforar un pozo de agua en Puente Quemado II.

“La semana pasada justamente en Puente Quemado II pudimos hacer un acuerdo con un privado para la perforación de un pozo que les dará agua a la comunidad”, relató.

Además, el Estado aportará paneles solares para electricidad. Pero todo depende de la autorización de los dueños de los terrenos. “Muchas de ellas, al estar en territorio privado, necesitamos la autorización de ese privado y no se puede acceder”, explicó.

“Por supuesto hay mucha demanda, hay mucha necesidad, pero sin el consentimiento de quien es el propietario, el titular registral de las tierras, por ahí no se puede ingresar con un tendido eléctrico o con una perforación que seguramente le dará respuesta a tantísimas familias”, concluyó.

Mientras la causa judicial sigue su curso, la Provincia apuesta a que la mesa de diálogo baje la tensión en Garuhapé y evite que el conflicto escale otra vez.