Tierra fiscal en El Chaltén: el Concejo Deliberante le puso fin a la ocupación de una funcionaria
¿Qué pasó con la tierra fiscal que ocupaba una funcionaria en El Chaltén? El Concejo tomó una decisión que podría cambiar las reglas del juego.
El Concejo Deliberante de El Chaltén dio un paso contundente esta semana al aprobar un dictamen que ordena recuperar una parcela fiscal de 800 metros cuadrados, ocupada por una funcionaria municipal desde 2020. La decisión, que contó con el respaldo de tres concejales, marca un antes y un después en la gestión del suelo urbano en la localidad.
Los ediles Ignacio Moreno Hueyo, Elizabeth Romanelli y Heber Zella votaron a favor de la medida, mientras que Carlos Ticó y Estefanía Leyes se opusieron. El terreno, identificado como Parcela N°4 de la Manzana N°10, Circunscripción III, pasará ahora al Banco de Tierras para ser adjudicado al vecino que corresponda según la lista de méritos.
¿Quién ocupaba el terreno?
La parcela estaba en manos de Leticia Forto, quien se desempeña como funcionaria del Gobierno municipal desde el año 2020. La ocupación fue denunciada por el concejal Moreno Hueyo, quien argumentó que presentaba irregularidades administrativas y éticas, basándose en documentación oficial que demostraría que la parcela había sido dada de baja por el Consejo Agrario Provincial (CAP).
Según la información que obra en la concejalía, el Acuerdo N°98 del CAP dejó sin efecto en 2019 la titularidad de ese terreno, que pertenecía a Emanuel Montenegro, entonces pareja de Forto. “Ese terreno vuelve a ser fiscal por falta de pago y por no haber realizado mejoras”, explicó Moreno Hueyo.
¿Qué cambia con esta decisión?
El proyecto de ordenanza aprobado por los concejales eleva el carácter de la medida: ya no se trata de un pedido o una recomendación al Ejecutivo, sino de una norma que, una vez cumplido el procedimiento correspondiente para su entrada en vigencia, deberá ser obedecida. Esto ocurre luego de varias resoluciones y presentaciones, y ante el caso omiso del Ejecutivo Municipal.
En diálogo con TiempoSur, Ignacio Moreno Hueyo señaló que “desde nuestro bloque hemos advertido que esta situación presenta serios interrogantes sobre conflicto de intereses, administración en interés propio y utilización del procedimiento administrativo en beneficio particular. Un funcionario público no puede encontrarse de los dos lados del mostrador: ejerciendo responsabilidades sobre la administración del suelo urbano y, simultáneamente, siendo interesado particular en las decisiones que esa misma administración debe adoptar”.
El edil también advirtió que “el Ejecutivo está generando un ecosistema proclive a las tomas: cuando frente a distintas ocupaciones el Estado demora, tolera, cambia de criterio o no utiliza con firmeza los instrumentos administrativos y judiciales disponibles, transmite a toda la comunidad una señal peligrosa: que ocupar primero y discutir el derecho después puede terminar siendo más conveniente que respetar las normas. El caso de la Parcela 4 es todavía más grave porque esa contradicción alcanza al propio Estado municipal”.
En este sentido, remarcó que “la igualdad ante las reglas comienza por quienes ejercen el poder. No se puede exigir a cientos de familias que se inscriban, esperen, acrediten requisitos y respeten el procedimiento, mientras desde el propio Ejecutivo se tolera que una funcionaria ocupe una parcela respecto de la cual no aparece una adjudicación formal a su favor y cuya adjudicación anterior había sido declarada caduca”, y señaló: “Esa contradicción destruye la autoridad del Estado para ordenar el suelo urbano y termina funcionando como un incentivo para nuevas ocupaciones: si las reglas no alcanzan a los funcionarios, difícilmente pueda pedirse a los vecinos que confíen en ellas”.
Para cerrar, Moreno Hueyo dijo que “la sesión marca por eso un punto de inflexión. Hasta ahora el Ejecutivo se resistió al criterio sostenido por nuestro bloque y por la propia Asesoría Legal del Concejo. Los concejales oficialistas acompañaron políticamente esa posición, permitiendo que una situación excepcional continuara sin resolverse. El Estado no puede combatir las tomas mientras desde su propia estructura se incumplen las normas que pretende hacer respetar. Recuperar esta parcela no es solamente recuperar un lote municipal: es comenzar a recuperar la autoridad y la credibilidad del Estado para exigir que en El Chaltén la ley sea igual para todos”.