Tierras bajo riego: el acuerdo que destrabó la ley y los dos puntos que aún generan ruido
Política · Neuquén

Tierras bajo riego: el acuerdo que destrabó la ley y los dos puntos que aún generan ruido

Un diputado explicó cómo se destrabó el texto que protege las chacras y los sistemas de riego. Pero en el debate quedaron dos objeciones sin resolver que todavía complican el acuerdo.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de Neuquén emitió despacho favorable por mayoría al proyecto que busca proteger las tierras productivas bajo riego, resguardar la infraestructura hídrica y ampliar las superficies destinadas a la producción.

La iniciativa la presentó el gobierno de Rolando Figueroa y recibió cambios de distintos bloques. Las modificaciones apuntan a los derechos de los propietarios y a la articulación entre la provincia y los municipios, entre otros aspectos.

Qué cambió en el texto

El diputado Francisco Lepore (Avanzar, partido que integra el interbloque de La Neuquinidad) señaló que el nuevo texto incorporó aportes de otras fuerzas para fijar un ordenamiento territorial. La idea, según explicó, es sostener y reactivar la actividad productiva sin perjudicar a quienes compraron tierras para otro tipo de emprendimientos.

En esa línea, remarcó que la meta es cuidar los sistemas de riego y las chacras, pero también contemplar las situaciones preexistentes y las inversiones hechas bajo la normativa vigente.

Usos anteriores y régimen transitorio

Las modificaciones incluyen la continuidad de los usos no productivos que ya estaban autorizados. Además, establecen un régimen transitorio para proyectos urbanísticos y subdivisiones con trámites iniciados o tierras adquiridas con esos fines hasta 24 meses antes de la publicación de la ley.

El texto también suma mecanismos de consulta y coordinación con los municipios a la hora de delimitar las áreas protegidas.

Los reparos que quedaron en el debate

Durante la discusión se plantearon objeciones sobre las facultades provinciales para delimitar áreas productivas sin acuerdo municipal. También hubo cuestionamientos al plazo de 24 meses previsto para reconocer las inversiones anteriores a la ley.

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