Tilcara: la comisión que investiga a EJESA prorrogó su trabajo por un dato que la empresa no quiere mostrar

La Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Tilcara volvió a apuntar contra la empresa prestataria de energía EJESA por un sistema de facturación que, según los propios vecinos, esconde cobros que no corresponden y multiplica lo que pagás todos los meses. El primer plazo de 60 días venció sin respuestas formales de la compañía, por lo que el cuerpo resolvió extender la prórroga por otros 60 días.

Juan Carlos Valdiviezo, vecino de la ciudad y miembro de la comisión que audita a la firma, expuso las irregularidades en diálogo con Radio 2. Según detalló, las sospechas alcanzan a gran parte de la provincia y golpean directo el bolsillo de los usuarios.

El alumbrado público, en la mira

Uno de los ejes centrales de la denuncia es el cobro de la tasa de alumbrado público. La comisión sostiene que allí funciona un esquema de sobrefacturación y duplicidad de pagos que se remonta a ordenanzas sancionadas a fines de la década del 2000.

"A ahí se descubre lisa y llanamente la estafa y el fraude que hay con el tema del alumbrado público. Porque EJESA, en el informe que presenta, dice, cobra, o sea, retiene lo que consumen los medidores de alumbrado público que ha instalado, que son 18 medidores acá en la ciudad de Tilcara. Eso sería lo real. Pero aparte nos cobran un importe de acuerdo al consumo domiciliario", explicó Valdiviezo.

De acuerdo con la lectura de la comisión, ese mecanismo genera un desfasaje: los vecinos terminan abonando un consumo presunto e ilegítimo que multiplica varias veces el gasto real que registran los medidores públicos instalados en la localidad.

Los cargos que no deberían llegar a la boleta

El integrante de la investigación también cuestionó la inclusión de conceptos resistidos en las facturas, como la percepción de contribución única (PCU) y la tasa de fiscalización de la SUSEPU. Para la comisión, esos costos deberían ser absorbidos por la empresa concesionaria dentro de los marcos regulatorios vigentes, y no trasladados de manera directa al usuario.

La falta de respuestas formales y la reticencia de la compañía a brindar información detallada fueron los motivos que llevaron al Concejo Deliberante a extender el plazo original. Durante los próximos 60 días, los integrantes seguirán analizando la documentación administrativa y legal.

No descartan avanzar con acciones judiciales colectivas e individuales por presunto fraude y estafa contra los organismos de control y la prestataria.