Tirar una bolsa en la calle ahora puede costarte más que un auto usado

El Gobierno de Mendoza puso en marcha este lunes una modificación del Código Contravencional que dispara las sanciones para quienes arrojen basura en la vía pública. La medida no se limita a los residuos domiciliarios: también alcanza a quienes acumulen escombros, malezas, aguas servidas o metales en espacios públicos, cauces de agua y hasta terrenos privados.

La normativa quedó establecida en la Ley 9737, sancionada por la Legislatura a principios de octubre y publicada en el Boletín Oficial. La reglamentación fue oficializada mediante un decreto firmado por la vicegobernadora Hebe Casado.

Cuánto cuesta ahora la infracción

La ley modifica el artículo 127 de la Ley 9.099 y fija multas de entre 1.000 y 2.000 unidades fiscales. Según el valor informado, las sanciones representan aproximadamente entre $600.000 y $1,2 millones.

Las penalizaciones también pueden incluir arresto de 10 a 20 días y 30 días de trabajo comunitario dedicado a la limpieza. Además, los infractores deberán reparar los daños ocasionados y devolver los gastos que demande la remoción y el traslado de los residuos.

Qué sanciones establece por arrojar basura en acequias y canales

La modificación incorpora sanciones específicas para quienes arrojen residuos en canales, acequias, acueductos, cauces y sistemas de drenaje pluvial. En estos casos, las multas van de 1.500 a 3.000 unidades fiscales, además de arresto de 15 a 25 días y 25 días de trabajo comunitario.

La norma también contempla a quienes realicen acciones que puedan obstruir o poner en riesgo el flujo del agua. Si la infracción ocurre durante una alerta o emergencia hidrometeorológica declarada formalmente, las multas pueden duplicarse en sus montos mínimos y máximos.

Empresas bajo la lupa

Las empresas y otras personas jurídicas también podrán recibir sanciones cuando las infracciones se cometan en actividades realizadas en su nombre, interés o beneficio. En esos casos, las multas van de 5.000 a 10.000 unidades fiscales, sin descartar medidas adicionales como clausura, decomiso o inhabilitación.

Por último, la ley establece que lo recaudado por determinadas multas se destinará anualmente a los bomberos voluntarios que cuenten con certificado de operatividad. La medida busca reforzar las sanciones por el manejo indebido de residuos y proteger los espacios públicos y la infraestructura hídrica de Mendoza.