Río Negro dio media sanción a un proyecto para que nadie con tobillera electrónica salga de noche. Pero una legisladora puso sobre la mesa un número que complica todo: cuántos agentes hay para controlar a los 463 monitoreados.
La Legislatura de Río Negro dio media sanción por unanimidad a un proyecto que busca que todas las personas con tobillera o pulsera electrónica por orden judicial queden encerradas en sus casas entre las 20 y las 8. La única excepción prevista son las emergencias médicas.
La iniciativa la impulsaron los legisladores Lucas Pica y Facundo López, de Juntos Somos Río Negro. Ahora necesita una segunda votación para convertirse en ley.
Quiénes quedarían alcanzados por la restricción nocturna
El texto abarca tres grupos. Por un lado, los condenados que cumplen prisión domiciliaria. Por otro, los imputados con prisión preventiva bajo esa misma modalidad. Y en tercer lugar, quienes llevan un dispositivo electrónico como medida cautelar, aunque no estén obligados a permanecer en sus viviendas.
Ese último punto se sumó durante el debate en comisiones y amplió el alcance que tenía la propuesta original.
«La restricción horaria, es decir, entre las 20 y las 8 horas, es para todos aquellos que están monitoreados y que tienen pulsera electrónica o tobillera electrónica», explicó Pica.
El legislador remarcó que la idea es fijar una regla pareja para todas las formas de monitoreo. Y aclaró que los jueces no podrán autorizar excepciones dentro de esa franja, salvo por cuestiones de salud.
El origen del proyecto está en casos de violencia de género y en el incumplimiento de restricciones perimetrales, que según Pica ocurren en buena medida de noche. Después se decidió extenderlo a todo el universo de personas con seguimiento electrónico.
El dato que puso el debate en otro plano
La legisladora Martina Lacour acompañó la iniciativa, pero planteó una objeción de fondo: en Río Negro hay 463 personas monitoreadas electrónicamente y apenas siete agentes, repartidos en tres turnos, para supervisar el sistema.
«No alcanza con establecer nuevas prohibiciones si no somos capaces de garantizar que se cumplan las que ya existen», sostuvo.
Para respaldar su postura trajo a la discusión el asesinato del comerciante Elías Miguel, ocurrido el 17 de mayo en Bariloche. Uno de los involucrados, Juan Antonio Bonefoi, llevaba una tobillera electrónica.
Según contó, pidió informes al Ministerio de Seguridad para saber si el dispositivo había emitido alguna alerta por los movimientos del sospechoso. La respuesta que recibió fue que no se había registrado ninguna.
«¿Cómo puede ser que alguien que estaba sometido a monitoreo electrónico haya participado de un delito en el que muere este comerciante sin que el sistema haya detectado ninguna alerta?», preguntó.
Lacour también recordó que desde 2021 rige un protocolo provincial de actuación elaborado por Seguridad, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.
«Así que el problema no parece ser la falta de normas. La pregunta es si estos controles están funcionando y qué es lo que está haciendo el Estado para garantizar esto», planteó.
La legisladora adelantó que volverá a pedir explicaciones al Ministerio de Seguridad sobre los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (Uadme).
La defensa del oficialismo y la respuesta por el crimen de Bariloche
Facundo López salió al cruce de las críticas. Sostuvo que la tobillera de Bonefoi fue clave para esclarecer el asesinato del comerciante.
Explicó que el acusado podía circular porque la medida judicial que lo alcanzaba no le imponía restricciones de desplazamiento. Por eso, argumentó, no correspondía que se disparara una alerta por sus movimientos.
«Nadie sabe antes que va a ir a un determinado lugar a cometer un ilícito», señaló.
De acuerdo con su versión, el análisis posterior de los registros del dispositivo permitió reconstruir recorridos que Bonefoi había hecho antes por la zona donde se produjo el crimen, y esa información ayudó a orientar la investigación.
Con ese argumento rechazó que la falta de alerta durante el hecho comprobara una falla del sistema. Además aclaró que la Uadme trabaja las 24 horas con personal en distintos turnos.
En su intervención destacó una inversión provincial de 12 millones de dólares para modernizar la seguridad, que incluye cámaras inteligentes, lectores de patentes y anillado vial.
«Todo esto nos está permitiendo tener cada vez más celeridad, más precisión y más eficiencia y eficacia en el control del delito», aseguró.
Para López, la nueva restricción sumará herramientas legales para prevenir delitos y fortalecer la actuación judicial.
«También le quitamos la excusa a los fiscales y a los jueces de que no tienen las herramientas», expresó.
Qué dijeron los otros bloques
Juan Martín, de PRO Unión Republicana, respaldó el proyecto pero puso el acento en la Justicia. «La prisión domiciliaria es una medida privativa de la libertad y una medida privativa de la libertad tiene que cumplirse, ni más ni menos», afirmó.
Advirtió que, si los jueces no la aplican de verdad, la propuesta puede terminar «en letra muerta».
Santiago Ibarrolaza también acompañó la iniciativa y aprovechó para reclamar que la política discuta la inseguridad con más amplitud.
«La política no quiere debatir, ha clausurado el debate de la inseguridad en Argentina. Y la verdad que la inseguridad es un flagelo de todos los días que tenemos los argentinos», manifestó.
El legislador valoró las reformas sobre reiterancia delictiva, reincidencia y ejecución penal. Y consideró que el proyecto incorpora «un control sobre el control» para quienes usan dispositivos electrónicos.
La propuesta reunió el apoyo de todos los bloques en la primera vuelta. Resta la segunda votación legislativa para que se transforme en ley.
Foto: Marcelo Ochoa.
