Tolerancia cero en Neuquén: cinco estatales despedidos en un solo día y los motivos que nadie imaginó

La gestión de Rolando Figueroa endureció el control sobre los empleados públicos y en las últimas horas se conocieron cinco cesantías que se firmaron el mismo día. Entre los echados hay dos condenados por delitos graves, un enfermero que presentó certificados médicos apócrifos y dos empleadas señaladas como 'ñoquis'. ¿Qué pasó exactamente?

La purga, que ya suma varias bajas, responde a la política de tolerancia cero que implementó el gobernador para terminar con los abusos contra el Estado y cuidar las finanzas públicas. Los cinco casos fueron resueltos el último viernes y representan un antes y un después en la administración provincial. Ahora, el que las hace, las paga.

¿Quiénes son los despedidos y por qué?

Uno de los casos más resonantes es el de Darío Gaspar Rifo Meliqueo, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el Jardín de Infantes N° 52 de Añelo. El gobernador convalidó la resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) del 18 de mayo de 2026 y lo dio de baja por una condena por 'amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil'. La pena fue de dos años de prisión en suspenso y multa, pero le costó el puesto.

Otro caso que generó conmoción es el del enfermero Walter Ezequiel López, ex agente del Hospital Castro Rendón. Fue exonerado, el castigo más severo que existe, tras comprobarse que presentó certificados médicos truchos para justificar inasistencias en abril, mayo y junio de 2024. Los auditores detectaron que los certificados, que mencionaban supuestos cuadros de 'síndrome febril' o 'dengue', fueron confeccionados fuera del nosocomio. Un médico declaró que su sello quedaba en el escritorio y que los enfermeros tenían acceso a él.

La tercera exoneración fue para Patricio Eduardo Gómez, ex oficial principal de la Policía de Neuquén. La propia Jefatura pidió su salida por una condena por 'abuso sexual simple agravado por la calidad de funcionario público'. El hecho ocurrió en septiembre de 2023 y recayó sobre una compañera de trabajo. Además, la inhabilitación perpetua para ejercer funciones de seguridad le impide continuar en el cargo.

Los 'ñoquis' que perdieron su lugar

Dos mujeres fueron cesanteadas por ausentismo injustificado. Laura Alejandra Peralta, del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, faltó desde el 2 al 5 de enero y del 22 de enero al 5 de junio de 2024. En su defensa, dijo que no sabía usar la plataforma 'Mis Licencias' y que las asistencias se firmaban en planilla, pero su superior confirmó que se usaba huella digital y que los avisos por WhatsApp no tenían validez.

Por su parte, Celsa Victoria Soria, del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, acumuló ausencias entre el 2 de enero y el 28 de junio de 2024. Reconoció los faltantes, pero no presentó pruebas que la justificaran. En ambos casos, el Estado analiza iniciar acciones legales para recuperar los salarios pagados por días no trabajados.