Tolerancia cero: expulsan a un policía y a un portero condenados por la Justicia
La política de tolerancia cero del gobernador Figueroa dejó sin trabajo a un policía y a un portero condenados por la Justicia. ¿Qué delitos cometieron y cómo se gestaron las expulsiones? Los detalles de un decreto que sacude al Estado neuquino.
La gestión de Rolando Figueroa sumó dos nuevas bajas en el Estado neuquino: un policía y un portero de un jardín de infantes, ambos con sentencias penales en su contra, fueron separados de sus cargos. Los despidos se oficializaron el viernes mediante un decreto del gobernador, en el marco de la política de tolerancia cero que impulsa su administración.
El portero condenado por amenazas
Uno de los cesanteados es Darío Gaspar Rifo Meliqueo, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el Jardín de Infantes N° 52 de Añelo. Su despido fue convalidado por Figueroa a partir de una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) del 18 de mayo de 2026.
La medida se tomó tras una condena por “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”. La sentencia, producto de un acuerdo judicial, le impuso dos años de prisión en suspenso y una multa, lo que le hizo perder el derecho a la estabilidad laboral que establecen el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública provincial.
En la documentación oficial se remarcó que los empleados públicos deben tener “buenas condiciones morales y de conducta”, y que el ex portero “no cuenta con las condiciones morales y de conducta que prevé la normativa vigente”.
El oficial principal exonerado por abuso sexual
También fue exonerado Patricio Eduardo Gómez, ex oficial principal de la Policía del Neuquén. La propia Jefatura de Policía solicitó su destitución tras ser condenado por un hecho de abuso sexual contra una compañera de trabajo que se encontraba cumpliendo funciones.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal en septiembre de 2023, y un Tribunal de Juicio le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de “abuso sexual simple agravado por la calidad de funcionario público o miembro de una fuerza policial o de seguridad”.
El ex oficial presentó recursos contra las actuaciones administrativas, pero fueron rechazados. Además, la inhabilitación especial perpetua que pesa sobre él para ejercer funciones vinculadas a la seguridad constituye un impedimento legal para continuar en la fuerza.
