Toma La Rosa: cae el asentamiento y detienen a tres referentes

El desalojo del predio privado del barrio Los Hornitos ya está en marcha. La policía, con apoyo de la GEOP, desmonta carpas mientras la Justicia notifica por usurpación. Anoche, tres personas fueron detenidas y este jueves les formularán cargos.

La ocupación conocida como "Toma La Rosa", ubicada sobre las calles Pedro Genco y Fogwill, comenzó a desmoronarse esta mañana. Desde las 9, efectivos policiales ingresaron al terreno de seis hectáreas y empezaron a desarmar las estructuras precarias. Las familias, que según los ocupantes eran unas 200 pero que el relevamiento provincial redujo a menos de 70, tuvieron que retirar sus colchones y pertenencias.

La orden de desalojo fue solicitada por el fiscal Juan Manuel Narvárez y autorizada por el juez Juan Manuel Kess. Hasta ayer, regía una prohibición de ingresar alimentos, leña o agua al predio, lo que aceleró la salida de muchos.

La tensión se mantiene, pero la detención anoche de dos mujeres y un hombre, señalados como organizadores internos, fue un golpe clave. Según fuentes judiciales, estas personas estarían vinculadas a la estructura de la toma y serán imputadas en las próximas horas.

¿Qué delito se les imputa?

Los ocupantes que permanezcan en el terreno serán notificados por el delito de usurpación, que prevé penas de 6 meses a 3 años de prisión. Esta advertencia ya había sido lanzada por fuentes consultadas por LM Neuquén: "Es un terreno privado, y se pueden comer un garrón".

La diferencia con tomas anteriores es notable. En otros casos, las tierras eran fiscales y se llegaba a acuerdos. Esta vez, el predio pertenece a una entidad intermedia, posiblemente un club deportivo, que tenía planes de construir 240 viviendas multifamiliares y 10 dúplex. Las obras de cerramiento estaban por comenzar cuando aparecieron las primeras carpas.

"El horno no está para bollos", graficó una fuente judicial, dejando claro que no habrá negociación.

El rol del RUPROVI

El miércoles, el Ministerio Público Fiscal convocó a una reunión con el denunciante privado, el IPVU y el gobierno provincial para relevar la situación de los ocupantes frente al RUPROVI. Muchos no califican para acceder a un lote porque no cumplen con los años de residencia o porque ya habían recibido un terreno del Estado y lo vendieron o transfirieron.

La ocupación comenzó semanas atrás, cuando se difundió que el terreno era fiscal. Pero pronto se confirmó que tenía dueño y que había un proyecto inmobiliario en marcha. La Justicia ya se expidió y el desalojo es inminente.