Toma La Rosa: imputaron a tres personas y definieron su situación procesal

La justicia imputó a tres personas por la toma del predio de la Asociación Civil Patagonia Rugby Club. Ahora, la investigación avanza con un dato que podría sumar más involucrados.

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Toma La Rosa: imputaron a tres personas y definieron su situación procesal
Toma La Rosa: imputaron a tres personas y definieron su situación procesal

El Ministerio Público Fiscal imputó a tres personas por la usurpación del predio conocido como Toma La Rosa, en el sector noroeste de Neuquén capital. Los acusados, identificados por sus iniciales J.L.V., A.D.R. y E.A.A., deberán cumplir una serie de restricciones mientras avanza la investigación.

La formulación de cargos fue realizada por el fiscal Juan Narvaez, quien les atribuyó la coautoría del delito de usurpación por despojo. Según la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió el 18 de agosto cerca de las 21:30 en la calle Pedro Genco al 6500, donde los imputados ingresaron de manera clandestina junto a un grupo de personas.

Los ocupantes aprovecharon la oscuridad y el estado deshabitado del terreno para instalar carpas, casillas y fogatas, con el objetivo de consolidar un asentamiento. A pesar de que personal de la Comisaría 12 les notificó una intimación para abandonar el lugar en un plazo de 30 minutos, se negaron a desalojar y permanecieron en el sitio hasta el 26 de agosto.

Organización por redes sociales

La fiscalía acreditó que la toma fue coordinada previamente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Los tres acusados fueron individualizados como administradores de uno de los grupos de WhatsApp utilizados para organizar el ingreso.

Tras allanamientos en sus viviendas, donde se secuestraron dispositivos móviles, las autoridades ordenaron pericias informáticas para identificar a más participantes y constatar una eventual instigación.

Qué resolvió el juez

Durante la audiencia, la querella en representación de la Asociación Civil Patagonia Rugby Club adhirió al requerimiento de la parte acusadora. El juez de garantías Marco Lupica Cristo dio por formulados los cargos penales y determinó la apertura de la investigación preparatoria por un período de cuatro meses.

En cuanto a la situación de los imputados, el magistrado resolvió su inmediata libertad bajo estrictas medidas de coerción por el plazo de cinco meses. Se establecieron presentaciones quincenales para J.L.V. y mensuales para A.D.R. y E.A.A. ante la fiscalía, junto a una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del predio en litigio.

Las tareas investigativas permitieron constatar que en el predio llegaron a concentrarse alrededor de 150 personas, lo que da cuenta de la magnitud del operativo de ocupación.

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