Tomas en Neuquén: la dura advertencia del Gobierno y el destino del predio ocupado

El Gobierno de Neuquén salió a ponerle un freno a las ocupaciones de terrenos y lanzó una advertencia contundente: la necesidad de vivienda no justifica la usurpación. La señal apunta a desactivar cualquier intento de instalar las tomas como método de presión para obtener una casa o un lote.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el acceso a la tierra debe gestionarse exclusivamente por los canales legales, respetando los registros y los procedimientos establecidos. Aceptar una ocupación como vía válida, sostienen, generaría una desigualdad inaceptable frente a quienes cumplen los requisitos, se anotan y aguardan su turno por los caminos formales.

El planteo no ignora el déficit habitacional que atraviesa la provincia, pero traza una línea clara entre la necesidad social y la usurpación. La respuesta, según el Gobierno, debe construirse con planificación, inversión pública y transparencia, no con hechos consumados.

¿Qué había en el predio tomado?

La discusión escaló a partir de la ocupación de un terreno provincial que ya tenía un destino específico: allí se proyecta avanzar con 240 soluciones multifamiliares y 10 dúplex, una intervención pensada para ampliar la oferta habitacional y dar respuesta a familias que esperan por una solución concreta.

Para el Ejecutivo, ocupar un predio con ese fin no solo configura un problema legal, sino que también perjudica a otras familias que aguardan dentro de los circuitos formales. El argumento es contundente: una toma no puede colocarse por encima de quienes esperan en los registros oficiales.

La posición oficial apunta a evitar que la ocupación de tierras se convierta en un mecanismo más eficaz que la inscripción, la evaluación y la adjudicación transparente. Por eso, la Provincia habla de tolerancia cero frente a este tipo de acciones.

En ese esquema, el Registro Único Provincial de Vivienda (RUPROVI) y el programa Neuquén Habita aparecen como las herramientas centrales para ordenar la demanda y ampliar las respuestas habitacionales en todo el territorio.

El impacto en la planificación pública

Las tomas de terrenos no solo generan conflictos legales, sino que también alteran la planificación pública. Cuando un predio ya tiene una finalidad definida, ocuparlo impide o demora la ejecución de proyectos diseñados para responder a una demanda concreta.

En este caso, la Provincia remarca que el terreno ocupado no estaba abandonado a la indefinición, sino incorporado a una estrategia habitacional. Por eso, el conflicto no enfrenta solamente al Estado con los ocupantes, sino también con el derecho de otras familias a acceder a las soluciones previstas por los canales administrativos.

Denuncia penal y orden de desalojo

La situación también llegó al ámbito judicial. La Secretaría de Vivienda y Hábitat denunció ante el Ministerio Público Fiscal una presunta instigación pública a la ocupación ilegítima de terrenos provinciales.

Según la presentación, la convocatoria habría circulado en redes sociales bajo la consigna “Todos por un terreno”, con precisiones sobre el lugar y el momento en que se concretaría la acción. Ese elemento fue incorporado como parte del planteo oficial ante la Justicia.

La intervención judicial derivó en una orden de desalojo con un plazo máximo de 48 horas y en la disposición de restituir inmediatamente el inmueble a su propietario, el IPVU. La medida acompaña el criterio del Ejecutivo de impedir que la ocupación se consolide mientras existen vías formales para solicitar una solución habitacional.

El Gobierno provincial busca sostener una regla clara: la tierra no se adjudica por presión, sino por derecho, necesidad acreditada y mecanismos transparentes. Esa definición apunta a ordenar una demanda sensible sin legitimar caminos por fuera de la ley.