Topadoras avanzaron sobre un paseo costero y lo que dejaron atrás generó una reacción inesperada
¿Qué llevó a las autoridades a desmantelar una feria que funcionaba desde hace más de 20 años? Las imágenes del operativo revelan detalles que pocos conocen.
Un operativo que duró más de 12 horas terminó con la demolición de una feria popular de más de 20 años en una playa emblemática. Las imágenes muestran el momento en que las máquinas desmantelaron los puestos, mientras los trabajadores observaban entre llantos y bronca tras perder su fuente de ingresos.
El procedimiento comenzó el miércoles por la mañana, cuando efectivos de Prefectura Naval bloquearon los accesos al predio e impidieron el retiro de mercadería. La medida fue ordenada por el juez federal Santiago Inchausti, en el marco de una causa por violación a la Ley de Marcas y evasión fiscal.
Durante la jornada se incautaron miles de productos, principalmente ropa y calzado que imitaban marcas reconocidas. La intervención contó también con la participación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
¿Qué pasó en la madrugada?
Ya entrada la madrugada, el operativo avanzó hacia su fase final: el desalojo completo y la demolición de las estructuras. Fue entonces cuando las máquinas comenzaron a retirar los puestos, dejando despejado el corredor costero.
En el registro audiovisual se observa cómo las topadoras y cuadrillas municipales desmontaron uno a uno los puestos de la feria, mientras algunos puesteros miran desde la parte superior de la rambla. El material mostró el contraste entre el movimiento de las máquinas y la reacción de quienes trabajaban en el lugar.
Una historia de dos décadas
La Saladita de la Bristol funcionaba desde hace más de 20 años en ese sector de la ciudad, con habilitaciones precarias que se fueron prorrogando en el tiempo. En los últimos años había crecido hasta convertirse en un paseo de casi 200 metros de extensión, con más de 160 puestos y alrededor de 200 trabajadores.
La investigación que derivó en el operativo se inició a partir de una denuncia presentada por el entonces intendente Guillermo Montenegro, quien reclamó la intervención judicial ante un escenario de comercio ilegal y evasión. “Un sueño cumplido para los marplatenses”, escribió en su cuenta de X.
Denuncias y controversias
Según trascendió, la explotación de la feria estaría vinculada al Sindicato de Vendedores Ambulantes, cuyo titular, Walter Rivero, fue demorado en el marco de las medidas judiciales. Durante el operativo, algunos puesteros denunciaron pagos informales sin comprobantes y apuntaron contra quienes administraban el espacio.
“Queremos que alguien venga a dar la cara”, reclamó una de las trabajadoras afectadas. Hubo denuncias, informes técnicos y un trabajo sostenido para terminar con una situación ilegal que llevaba años perjudicando a vecinos, turistas y comerciantes formales.
Desde el municipio, en tanto, defendieron el accionar y remarcaron la necesidad de avanzar hacia un esquema de “orden, legalidad y reglas claras” en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.