Torres de las 920 Viviendas: el reclamo de los vecinos y la responsabilidad que le achacan al IPV
Los vecinos del barrio Huayra Punco denuncian un deterioro estructural que se agrava por la actividad sísmica de la provincia y apuntan contra el IPV. La carta incluye pedidos concretos y una advertencia sobre las ocupaciones irregulares.
Vecinos del barrio Huayra Punco, más conocido como las 920 Viviendas, en Catamarca, volvieron a alzar la voz por el deterioro de las torres del complejo. A través de una carta enviada a El Esquiú, denuncian humedades, caída de revoques y condiciones que consideran insalubres, y apuntan directamente contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el organismo que construyó y entregó esas unidades.
El reclamo llega en un contexto que los propios vecinos marcan como agravante: Catamarca es una provincia con movimientos sísmicos permanentes. Por eso, aseguran, el estado de las estructuras no es un tema menor ni un problema aislado de un departamento puntual, sino el reflejo de un abandono que abarca buena parte del complejo.
¿Qué piden los vecinos?
En la carta, los habitantes de las 920 Viviendas enumeran cuatro pedidos concretos. El primero es que el Ministerio de la Vivienda realice una inspección técnica integral y pública de todas las torres, y no solo de los casos denunciados de manera individual.
También solicitan que se informe un cronograma de reparación y mantenimiento con plazos definidos, y que se revise la situación legal de las adjudicaciones. Según denuncian, existen indicios de ocupaciones irregulares que complican la identificación de responsables ante daños a terceros.
Por último, piden que se habilite un canal de seguimiento para que los vecinos puedan conocer el estado de sus reclamos, sin tener que recurrir a patrocinio letrado particular para ser escuchados, algo que, aseguran, ya ocurrió.
La responsabilidad del IPV
Para los vecinos, la clave del asunto es quién debe responder. Las viviendas fueron construidas y adjudicadas bajo la órbita del Estado provincial, a través del IPV. Por eso, sostienen, el organismo que las entregó tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes viven ahí.
“No pedimos un favor: pedimos que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde como constructor y garante de viviendas dignas”, plantean en la carta.
El reclamo se canalizó a través de la línea de WhatsApp de Reporte Ciudadano de El Esquiú, un espacio donde los lectores pueden contar lo que sucede en la provincia. Los mensajes son enviados libremente por los lectores y sus conceptos no son necesariamente compartidos por el diario.
