TotalEnergies pone USD 1.500 millones frente a las costas fueguinas: quién se queda con esa riqueza

El proyecto Alberdi que TotalEnergies prepara mar adentro de las costas de Tierra del Fuego contempla entre tres y cinco pozos submarinos y una inversión de hasta USD 1.500 millones. La cifra, publicada por Crítica Sur, reabre una discusión que la provincia tiene pendiente: cuánto de esa riqueza puede traducirse en recursos concretos para los fueguinos.

El dato llega en un contexto delicado. Las actividades que sostienen el empleo y los ingresos públicos atraviesan dificultades, y esa combinación vuelve a poner sobre la mesa los derechos provinciales sobre los recursos marítimos.

Por ahora, los detalles finos del proyecto no trascendieron. Las ubicaciones exactas de los pozos, la producción estimada y el cronograma definitivo todavía no fueron difundidos. Sin esa información, resulta imposible calcular qué impacto real tendría sobre las regalías que recibe la provincia.

Los límites también distribuyen la riqueza

La legislación vigente es clara en un punto: reconoce el dominio provincial sobre los yacimientos ubicados en el territorio y en el mar adyacente hasta las 12 millas marinas, medidas desde las líneas de base que establece la Ley 23.968. Esa delimitación no es un detalle técnico: define a qué jurisdicción pertenecen los recursos y, en consecuencia, cómo se reparten las regalías.

Sobre ese esquema avanza una iniciativa del diputado Jorge Araujo, que propone correr ese límite. El planteo considera a Tierra del Fuego como una unidad insular y archipelágica, con entidad geográfica, económica y jurídica propia, y reclama derechos sobre los recursos naturales más allá de las 12 millas actuales, en coordinación con Nación.

La relevancia económica de ese cambio es directa: si prospera, podría modificar la participación provincial en la riqueza marítima. Pero determinar qué áreas quedarían comprendidas y qué ingresos adicionales representarían exige un análisis jurídico, cartográfico y económico que todavía no está hecho. La magnitud de la inversión anunciada vuelve más urgente precisar ese alcance.

Una agenda que exige peso político

El deterioro de las actividades que sostienen la economía fueguina alimenta una preocupación que atraviesa a toda la sociedad y a una dirigencia habitualmente dividida: con qué recursos y sobre qué bases podrá la provincia sostener su futuro. Esa inquietud podría habilitar acuerdos que hasta hace poco parecían lejanos, y la discusión por los derechos sobre la riqueza marítima aparece como un terreno concreto para probar si esa posibilidad es real.

Hay, además, una circunstancia política que juega a favor: dos de los tres senadores fueguinos, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca, pertenecen a La Libertad Avanza, el espacio del presidente Javier Milei. Esa cercanía podría facilitar la interlocución con el Gobierno nacional, aunque por sí sola no garantiza ningún acuerdo.

Convertir ese vínculo en una oportunidad concreta exige un planteo provincial sólido y capacidad para sostenerlo en el tiempo. Mientras se proyecta una nueva etapa de explotación del gas austral, queda abierta una pregunta que compromete el futuro fueguino: qué participación podrá construir la provincia en esa riqueza y cómo la traducirá en desarrollo.