Trabajadores del puerto de Ushuaia redoblan la apuesta: "Informar no es amenazar"

La temporada de cruceros en Ushuaia volvió a encender la interna por la intervención nacional del puerto. Mientras las cámaras empresarias reclaman garantías para operar, los trabajadores desplazados desde enero exigen que el conflicto laboral también se discuta.

Valeria Barría, trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos, apuntó contra las entidades del turismo, el comercio y la actividad marítima por no haberse sentado a dialogar con ellos en todos estos meses. "No hemos tenido ningún tipo de diálogo, ningún acercamiento", aseguró.

Para Barría, el sector empresario prefiere correr el foco del problema de fondo. "No se pronuncian en contra de la intervención, corren el foco para solamente defender sus intereses económicos y tratan de dejar ante la sociedad como que el conflicto lo generamos nosotros", disparó.

Un plan de contingencia que suena a amenaza

El pedido de un plan de contingencia ante eventuales dificultades de acceso al puerto fue uno de los puntos que más incomodó a los trabajadores. Barría lo interpretó como una señal de que los colocan de antemano como un peligro a contener.

"Pareciera que tienen un plan de contingencia como qué van a hacer con esta gente, cómo los van a sacar. Puedo hasta decir cómo los van a reprimir, qué plan de contingencia están pensando", cuestionó. Consultado sobre si esa lectura apunta a una posible respuesta represiva, fue tajante: "Sí, yo lo veo de esa forma".

La trabajadora remarcó que se piensa en cómo contener una eventual medida de fuerza antes de abrir una instancia de diálogo, lo que a su entender condiciona el derecho a reclamar.

Al mismo tiempo, descartó cualquier intención de avanzar con hechos de violencia. "Obviamente no vamos a hacer ningún acto de violencia", afirmó, y sostuvo que mantendrán una actitud cautelosa con las medidas mientras buscan una salida al conflicto.

"Informar no es amenazar"

Barría rechazó que las advertencias lanzadas antes de la temporada sean leídas como una amenaza contra la actividad turística. "Informar no es amenazar", remarcó.

Según explicó, los comunicados que anticiparon posibles dificultades buscaron advertir sobre las consecuencias de mantener abierto el conflicto. "Cuando largamos los comunicados de que la temporada podía llegar a estar en riesgo fue darle previsibilidad, que es lo que ellos están pidiendo. Nosotros venimos dando previsibilidad desde el día uno", sostuvo.

El esquema que sostiene los haberes tiene fecha límite: abril. "Nuestro tiempo de caducidad es en abril", advirtió Barría, y contó que las familias ya empezaron a recortar gastos y a prepararse para un escenario en el que los recursos no alcancen.

Críticas a la intervención y llamado al diálogo

Barría también cuestionó la forma en que la intervención presenta sus resultados económicos. "Es fácil hablar de una recaudación exitosa cuando desplazan a trabajadores, cuando contratan por otro lado a trabajadores", lanzó.

Para la trabajadora, cualquier balance sobre el funcionamiento del puerto debe incluir qué pasó con el personal apartado desde enero y con los fondos destinados a sostener sus salarios.

En ese marco, invitó a las cámaras a usar su capacidad de contacto con actores nacionales para destrabar el conflicto. "Los invito a que se puedan sentar con los trabajadores, a que puedan conocer y abrir mesas de diálogo, pero con los trabajadores también", planteó.

Recordó que los empleados estatales fueron parte, junto al sector privado, del crecimiento de la terminal portuaria. "Hemos sido los actores que, en conjunto con ellos, hemos levantado la actividad portuaria", señaló.

Para Barría, el conflicto excede a los desplazados y alcanza al futuro de la administración portuaria y a toda la economía fueguina. "No solamente por nosotros, sino por los 140, por los 2.000 trabajadores de la actividad portuaria y por toda la comunidad de Ushuaia y de la provincia de Tierra del Fuego", sostuvo.Y cerró con una advertencia: "No podemos permitir que un puerto que es provincial sea administrado por Buenos Aires".