Trabajadores sin registrar y un pedido que apunta a la Justicia Federal: qué pasó en la finca de Metán
Sin registrar, con sueldos por debajo del mínimo y alojamientos precarios: así encontró la UATRE a los cosecheros de una finca de Metán. Ahora una referente pide que la Justicia Federal investigue si hubo algo más grave que una multa.
La finca El Refugio, en el paraje Paso del Durazno de San José de Metán, quedó en el centro de una denuncia por presuntas irregularidades laborales que reabrió el debate sobre cómo viven y trabajan los cosecheros rurales en Salta. Tras el operativo del 6 de noviembre, la UATRE informó que encontró trabajadores sin registrar, salarios por debajo del mínimo y alojamientos precarios.
Con ese panorama sobre la mesa, la presidenta de la Fundación 'Volviendo a Casa', Isabel Soria, planteó en diálogo con InformateSalta que los hechos podrían encuadrarse en una situación de trata de personas con fines de explotación laboral.
Para la referente, hay tres elementos que deberían empujar una investigación judicial: la vulnerabilidad de los trabajadores, los presuntos engaños para conseguir el empleo y las irregularidades que detectó el sindicato durante el procedimiento.
De dónde venían los cosecheros
Soria puso el foco en el origen de la mano de obra. Muchos de los cosecheros llegaban desde Jujuy, Pichanal y Colonia Santa Rosa, y esa combinación de distancia, dificultades económicas y desconocimiento de sus derechos laborales los deja expuestos a situaciones de explotación, según su lectura.
Por eso cuestionó que el procedimiento sindical se haya limitado a gestionar el pago de los días trabajados y el traslado de los trabajadores. Su reclamo es que se investigue si existió un delito.
"Primero hay que garantizar la libertad y los derechos de las personas. No se trata de ponerle una 'multita' a la empresa", manifestó.
El reclamo por la actuación institucional
La referente también apuntó a cómo se abordó el caso desde las instituciones. Sostuvo que, ante indicios de trata laboral, corresponde hacer una denuncia para que intervenga la Justicia Federal.
Además, señaló que la legislación prevé medidas de reparación para las víctimas y el decomiso de bienes vinculados al delito, aunque su aplicación queda supeditada a una investigación y a las decisiones judiciales.
"Hay un delito que se cometió, hay personas en situación de vulnerabilidad, se rescata, se arma un expediente y se investiga", expresó.
Soria anticipó que llevará el tema al Consejo Federal de Lucha contra la Trata, del que la fundación vuelve a formar parte.
La comparación con Cerdo Negro
Durante la entrevista, la titular de 'Volviendo a Casa' trazó un paralelismo con la investigación por presunta trata laboral en la finca La Montanera, vinculada al emprendimiento gastronómico Cerdo Negro, en Cerrillos.
Ese expediente arrancó con una denuncia anónima a la línea 145 y avanzó con inspecciones de ARCA y la intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX). En septiembre de 2026, la Justicia Federal imputó al empresario responsable por trata de personas con fines de explotación laboral agravada, en perjuicio de siete trabajadores.
Para Soria, los dos episodios tienen elementos que justifican investigar posibles situaciones de explotación, pero marcó una diferencia en el abordaje. A su entender, en Metán la intervención sindical se concentró en las gestiones laborales y en el regreso de los cosecheros, cuando correspondía denunciar los posibles hechos de trata para que se investigaran penalmente.
"La trata es trata, acá, allá o más allá y lo dice la ley", sostuvo.
Y agregó que, aunque hubo un operativo y trabajadores que pudieron volver a sus hogares, todavía falta determinar qué ocurrió y quiénes podrían ser responsables.
