Trabajadores y acreedores de Sancor llevan a la Corte al juez de la quiebra: denuncian maniobras que ponen en duda todo el proceso

Un grupo de acreedores y empleados de Sancor presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe contra el juez Marcelo Gelcich, a cargo del concurso de la histórica láctea. Piden su suspensión inmediata, el congelamiento de los plazos procesales y, eventualmente, un jury de enjuiciamiento para destituirlo.

La presentación, firmada por los abogados Aldo Luis Regali y Juan Manuel Bergallo, se suma a la que ya habían realizado el síndico y una empresa interesada en comprar la compañía. Pero esta vez el reclamo llega desde los propios trabajadores y acreedores, que denuncian “serias irregularidades” en el manejo de la quiebra.

¿Cuáles son los puntos más graves de la denuncia?

Uno de los ejes centrales es la “subvaluación arbitraria del patrimonio”. Según los denunciantes, el juez fijó el valor de Sancor de manera discrecional, sin peritos tasadores oficiales que avalúen los bienes tangibles e intangibles.

También señalan el ocultamiento de activos, en particular el caso de SanCor Seguros: el magistrado habría ignorado el pedido de intimar a esa firma para que exhiba contratos o balances por el uso de la marca “SANCOR”, un ingreso que aseguran sería millonario en dólares.

Otro hecho grave es la exclusión ilegal del síndico Tomat del expediente digital durante dos semanas. En ese período, se tomaron decisiones económicas sin control y se impidió el acceso de los denunciantes a las actuaciones.

Además, el juez no habría incluido en la valoración a empresas informáticas prestatarias que pertenecen mayormente a Sancor, ni transparentó la situación de las sucursales en Brasil y México.

Incendio, quiebra y plan de salvataje: las decisiones bajo la lupa

Tras un incendio en la planta de Sunchales, el magistrado aplicó una rebaja del 20% en el valor de venta sin consultas técnicas, lo que para los denunciantes consolida un “precio vil” de remate.

La declaración de quiebra también es cuestionada: se habría decretado antes de que se expresara la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa, y el juez habría designado de forma irregular al abogado de la empresa para presidirla y coaccionar el voto de los presentes.

Finalmente, rechazó de plano un plan de rescate con amplio apoyo político e institucional, bajo la “excusa irrisoria” de que fue presentado 15 minutos tarde, violando el principio civil de que los plazos se cuentan en días y no en horas.

Los denunciantes acusan al juez de silencio sistemático y desobediencia a la Cámara de Apelaciones, que le solicitó las claves del expediente y recibió un “mutismo total”.