Trabajó 13 años sin cobrar un peso y lo sacaron de prepo: ahora el poblador va por todo
Walter Rodríguez trabajó 13 años en una estancia de Gan Gan y asegura que nunca le pagaron. Lo sacaron de prepo y le armaron una denuncia para frenarlo. Ahora la Justicia falló a su favor y va por el resarcimiento: lo que dejó el conflicto con el dueño del campo.
Walter Rodríguez, poblador rural de Gan Gan, logró que la fiscalía desestimara una denuncia en su contra y ahora apunta al resarcimiento económico. El conflicto con el dueño de la estancia "La Rupestre", Daniel Rafael, lleva años y expone una trama de trabajo no pago y desalojo.
La denuncia había sido presentada por Rafael con la intención de frenar una carta documento que el poblador le venía prometiendo. Según el relato de Rodríguez, el dueño del campo buscó neutralizar el reclamo por una deuda laboral que se extiende por más de una década.
Una relación que no era usurpación
El poblador de Gan Gan consiguió acreditar ante la Justicia que su vínculo con Rafael no era el de un intruso. La relación comercial y laboral entre ambos venía desde hacía años, por lo que la figura de la usurpación no se sostenía. Tampoco la de estafa, que había sido insinuada en un principio.
Con la denuncia desestimada, Rodríguez quedó en condiciones de avanzar por la vía civil. Su objetivo es recuperar lo que perdió durante el tiempo que trabajó en la estancia, donde asegura que nunca recibió un pago.
El conflicto había tenido un episodio de alta tensión cuando el funcionario de la Fiscalía de Puerto Madryn, Mauricio Baigorria, lo sacó del lugar "de prepo", según consignó el propio afectado. Ese accionar quedó en el centro de la escena tras la decisión judicial.
El reclamo que sigue
Rodríguez sostiene que trabajó 13 años en "La Rupestre" sin percibir un centavo. Ese es el corazón de su reclamo y el motivo por el que ahora busca una reparación económica. "Es mucho lo que perdí", habría señalado el poblador, aunque no trascendieron precisiones sobre el monto que reclamará.
La causa, que había puesto al poblador en el rol de acusado, dio un giro completo. Ahora es él quien impulsa una demanda por resarcimiento, mientras el dueño de la estancia queda expuesto a la instancia judicial por la deuda laboral que se le atribuye.
