Tragedia de la Alcaidía: la Justicia declaró extemporánea la respuesta del Estado y expuso otra demora

La sentencia que condenó al Estado catamarqueño a pagar más de 156 millones de pesos más intereses por la muerte de un adolescente de 15 años en la Tragedia de la Alcaidía dejó al descubierto una nueva falla de la Fiscalía de Estado: tardaron ocho meses en contestar la demanda civil y su presentación fue declarada extemporánea.

El juicio por daños y perjuicios y daño moral lo inició la familia de Nahuel Fernández en julio de 2022. Por entonces, la Fiscalía de Estado estaba a cargo de Marcos Denett, quien debía responder en un plazo de treinta días. No lo hizo.

La familia amplió la demanda en agosto de ese año con nuevas pruebas, pero el Estado tampoco contestó. Recién en abril de 2023, cuando ya se había dado por decaído su derecho, los abogados Tomás Hugo Aibar y Noemí Beatriz Denett intentaron justificar la demora.

El argumento de los abogados

En la audiencia preliminar de junio de 2023, los representantes del Estado aseguraron que no habían sido vinculados al expediente digital y que eso les impidió acceder a la causa. Pidieron que se les tuvieran por notificados los plazos recién desde su vinculación formal.

La Justicia desestimó el planteo. Señaló que el reglamento del Expediente Digital establece que si un usuario no puede acceder por un problema de vinculación, es el propio usuario quien debe pedir que se subsane. Y en el expediente no constaba ningún requerimiento en ese sentido.

Además, se les remarcó que esperaron casi dos meses desde su contestación, el 18 de abril, hasta la audiencia del 15 de junio, para recién entonces manifestar que no tenían acceso al sistema. El Juzgado Civil N°1 consideró que al menos les cabía el interés de conocer qué se había proveído a su propia presentación.

Un caso con antecedentes

Aibar es uno de los dos abogados sumariados por no presentarse a una audiencia en la Cámara de Apelaciones en el caso del escándalo en el Registro de la Propiedad. En ese expediente, él y su colega Victoria Eugenia Rosales se excusaron alegando que la notificación había llegado al correo de Fiscalía de Estado y no a sus correos particulares.

La causa penal por la tragedia, en tanto, también acumuló críticas. En noviembre del año pasado, la Corte de Catamarca declaró la insubsistencia de la acción penal y sobreseyó a los cuatro policías imputados: Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Juan Carlos Reyes y Adriana del Valle Galván.

El fallo apuntó contra el Ministerio Público Fiscal por la paralización del expediente durante casi quince años. El caso estuvo listo para el debate en febrero de 2018, pero se suspendió siete veces: tres por pedido de las defensas, una de oficio y tres por pedido del MPF.

“Desde que la causa fue enviada a juicio, se sumió en un letargo que hizo mella en los involucrados”, reprochó la Corte. Y agregó: “Se ha vulnerado el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable”.

El MPF presentó un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema, pero la Corte local lo rechazó al señalar que “no se puede invocar como agravio la mora que el mismo MPF contribuyó decisivamente a generar”. Aun así, el MPF recurrió en queja ante la Corte Suprema en julio de este año, con la intención de revocar el sobreseimiento y que el juicio finalmente se realice.