Trama de estafas con planes sociales: la Justicia corrige el rumbo y suma un agravante clave
El Tribunal de Impugnación avaló el pedido del MPF y la Fiscalía de Estado. ¿Qué significa esto para los condenados por la estafa de los planes sociales?
La causa por las millonarias defraudaciones al Estado provincial con planes sociales dio un giro inesperado. Un Tribunal de Impugnación avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado, y ahora los 12 condenados podrían recibir penas más duras.
La medida fue confirmada días atrás por los jueces Mauricio Macagno, Federico Sommer y Liliana Deiub, quienes hicieron lugar a los recursos presentados por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez. El objetivo era que se sume la figura de asociación ilícita a las condenas ya impuestas.
¿Por qué se modificó la calificación?
En la primera sentencia, el tribunal de juicio –integrado por Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees– había condenado a los acusados por administración fraudulenta agravada, pero desestimó el delito de asociación ilícita que impulsaban los acusadores. Esa decisión fue la que se puso en discusión.
Con la nueva resolución, se revocó el punto 3 de la sentencia de responsabilidad del 22 de octubre de 2025 que absolvía a los imputados por ese delito. Además, se dejó sin efecto la determinación de penas del 29 de diciembre de 2025, ya que el encuadre legal cambia sustancialmente.
“La variación es muy importante en lo que tiene que ver con la pena”
El fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó que ahora se deberá realizar un nuevo juicio únicamente para fijar las penas, teniendo en cuenta el delito añadido. “A la administración fraudulenta se le suma un nuevo delito que es asociación ilícita”, señaló, y detalló que el Tribunal de Impugnación corrigió la calificación legal y ordenó un nuevo debate para determinar las sanciones.
Los hechos investigados ocurrieron entre septiembre de 2020 y julio de 2022, durante la gestión del exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, quien fue uno de los principales condenados.
Las condenas y los bienes
Entre los sentenciados a prisión efectiva se encuentran Abel Di Luca, Tomás Siengentharler y Ricardo Soiza, con 5 años; Néstor Pablo Sanz con 4 años y medio; Marcos Osuna con 4 años; y Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Alfredo Cury con 3 años y medio. Laura Carolina Resnik, Isabel Natalia Montoya, Valeria Noemí Honorio y Emanuel Rodolfo Victoria Contreras recibieron 3 años condicionales.
Además, se mantuvo la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y el pago de costas. Sin embargo, los jueces no hicieron lugar a los decomisos de bienes, al no probarse que hayan sido adquiridos con el dinero defraudado. Aun así, señalaron que la Fiscalía de Estado podrá reclamarlos en otros procesos.
