Tras 15 años de disputa: ejecutaron el desalojo de la comunidad mapuche Quintriqueo en la Ruta 40
Después de 15 años de disputa y múltiples intentos fallidos, la Justicia ejecutó el desalojo de la comunidad mapuche Quintriqueo en Villa La Angostura. ¿Qué pasó en el operativo y cómo reaccionaron los ocupantes? Los detalles que no se contaron.
La Justicia de Villa La Angostura concretó este miércoles el desalojo de la comunidad mapuche Quintriqueo (Lof Kinxikew) del lote pastoril N°42, en Colonia Nahuel Huapi, sobre la Ruta 40. Es el sexto intento de desahucio desde 2011 y finalmente se llevó a cabo. El terreno, de más de 600 hectáreas en la zona de El Pedregoso, es reclamado por las familias como territorio ancestral, pero la justicia ordenó la restitución a la heredera de origen belga, María Cristina Broers.
El operativo arrancó a las 9 de la mañana, cuando un oficial de justicia se presentó en el lugar junto a personal policial a cargo del comisario inspector Miguel Ángel Poblete. Tras una orden telefónica del juez Francisco Astoul Bonorino, se cortó la cadena de acceso y se ingresó al predio. Según pudo saber LM Neuquén, las personas que estaban allí se retiraron "de forma voluntaria y pacífica", sin resistencia.
¿Qué pasó en cada una de las tres viviendas?
La orden de desalojo, firmada el 12 de agosto y notificada ese mismo día, alcanzó a tres casas. En la primera, la propia lonco Amancay Quintriqueo pidió retirar sus pertenencias y las de su tía, que también vivía allí, y se fue sin oponer resistencia.
En la segunda, el ocupante no estaba: al parecer había viajado a Bariloche porque su esposa tenía un problema de salud. En la tercera, un hombre apellidado Quintriqueo (que no mostró documento) y una mujer recibieron a los oficiales. Como ella presentaba un cuadro de diabetes y presión alta, el personal médico que estaba en el lugar la trasladó en ambulancia para controlar su estado.
Según el acta, los ocupantes pudieron llevarse dinero, documentación, medicamentos y mascotas. Los demás animales quedaron bajo resguardo de los oficiales. Los desalojados se fueron a la casa de un familiar en el barrio Las Flores de Villa La Angostura. También se permitió el ingreso al predio de un abogado de la comunidad, matriculado en San Carlos de Bariloche, aunque no tenía matrícula local, "a los fines de la tranquilidad" de la lonco. El operativo terminó a las 11.15.
Una causa que lleva 15 años
El expediente es "Broers María Cristina c/ Quintriqueo Pascual Felidoro y otros s/ Inc. Ejecución de Sentencia", que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en Villa La Angostura, a cargo del juez Astoul Bonorino y el secretario Fabricio Sayans.
La familia Broers, de origen belga, se instaló en la zona en los años 70. Según la comunidad, en ese entonces se levantó un alambrado que les impidió el acceso a un territorio que usaban desde generaciones como invernada para sus animales. María Cristina Broers figura como titular original del predio.
El caso tuvo un capítulo tenso el 30 de marzo pasado, cuando un intento de desalojo no se concretó. En esa ocasión, Amancay Quintriqueo había denunciado por Radio CALF que el operativo carecía de protocolos y refuerzo policial, y mencionó maniobras irregulares vinculadas a la venta del terreno a una sociedad anónima llamada El Totoral, cuyos dueños reales nunca trascendieron.
¿Qué planteó la defensa de la comunidad?
El abogado Luis Virgilio Sánchez presentó un planteo de nulidad de todo lo actuado, argumentando que el expediente estaba reservado indebidamente, que los nuevos propietarios no estaban legitimados para impulsar el desalojo (aunque compartían representación letrada con Broers, el abogado Guillermo Hensel), y que el juez demoró de forma irregular una medida cautelar para suspender el desahucio. Sánchez también adelantó reservas para denunciar a Hensel por presunta omisión de información y al juez por incumplimiento de deberes de funcionario público.
A pesar de esos planteos, el desalojo se concretó cinco meses después, con la intervención de los letrados autorizados en el mandamiento: Nicolás Lupetrone, Néstor Drackler, Juan Ignacio Gigena y Guillermo Hensel, además de la propia Broers.