Tras el crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans de Rosario alza la voz contra la persecución histórica

La muerte de Gabriela Banach, de 47 años, travesti y militante, conmocionó a Rosario y reavivó el reclamo de justicia de un colectivo que denuncia décadas de violencia estatal y social. La comunidad exige que el caso sea investigado como travesticidio, mientras repasa las heridas de un pasado marcado por la exclusión y la persecución.

El asesinato se conoció la noche del martes 11 de agosto, en una semana que ya había sido trágica para la ciudad: el miércoles 18 se registró otro femicidio, y el jueves 20 un intento de femicidio. En Villa María, el 13 de agosto, también se produjo un travesticidio, lo que evidencia una ola de violencia que no cesa.

La historia de las travestis y mujeres trans en Argentina está signada por la exclusión en todos los frentes. La mayoría fue expulsada de sus hogares al iniciar su transición. Hasta hace unos años, el 80 por ciento de esa población no terminaba la escuela, lo que allana el camino para la exclusión laboral y el acceso a una vivienda digna. A esto se suma la persecución policial, que siempre estuvo a la orden del día.

“Te siguen matando después de muerta”

Michelle Vargas, militante travesti de Rosario, lo resume con crudeza: “Hay un desconocimiento social muy grande con lo que pasa con nosotras. Por eso es importante la ESI, porque viene a hablar de las identidades y de la diversidad. ¿Qué pasa con las diversidades cuando vos te salís por fuera del sistema? ¿Qué pasa cuando vos no sos ni hombre ni mujer? ¿Cuál es el costo que tienen nuestros cuerpos, nuestras identidades? Quedan por fuera de todo y lo que hay es la muerte temprana. Lo pagamos con la vida y de la peor manera porque nos matan de la manera más aberrante. Ni siquiera te dan una puñalada en el tórax o en el pulmón y ya está. No. Te siguen matando después de muerta, te siguen pegando después de muerta, a Gaby la violentaron hasta después de muerta”.

El equipo jurídico que trabaja en el pedido de justicia por Banach pretende que el caso sea catalogado como travesticidio. “La manera en que nos matan, ese es el agravante. La manera, el odio que hay. No tiene que ver con si había o no un vínculo, ni si fue un robo o no. Nosotras corremos del foco del vínculo como pasa en los femicidios, no es la acción por la que la mataron, ¿cómo la mataron a Gaby? Como matan a las travestis”, sostiene Vargas.

La militante recuerda el caso de Alejandra Ironici, referente en Santa Fe, asesinada hace algunos años: “La prendieron fuego. La mató el ex, el chabón la quiso prender fuego, la envolvió cuando ya estaba muerta. Esas son las muertes que tenemos las travestis. No es solamente porque nuestros cuerpos incomodan, también es porque molestamos, porque hablamos, porque nos quejamos, porque estamos disconformes con este sistema político de mierda. Como molestamos, justamente, no son los cuerpos que nos importan como sociedad. Somos las historias que no importan”.

En Argentina, la expectativa de vida de mujeres trans y travestis no supera los 45 años. Y las que llegan a viejas, subraya Vargas, siguen padeciendo todas las exclusiones que ya acumulan décadas: a muchas hasta las mandan a residencias de ancianos de hombres. Y, claro, se niegan.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ comunicó que en 2025 hubo 227 crímenes de odio, “ataques con saña motivados por la identidad de género u orientación sexual de las víctimas, que implican un daño específico, en el peor de los casos mortal”. Más del 60 por ciento de estos crímenes fueron contra mujeres trans (142 casos). Dentro de estos, los más graves —que terminaron en asesinatos— se relevaron 11 travesticidios. Sin embargo, el informe aclara que hubo 51 muertes de mujeres trans producto de “violencia estructural”, fallecimientos que no ocurren de forma repentina sino por la precariedad extrema de las condiciones de vida de estas personas, el deterioro de su salud y la enorme exclusión social que padecen.

Vargas, que trabaja en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el programa Andrés y está terminando la carrera de Enfermería, es una excepción en un contexto laboral adverso. También enumeró los problemas de salud más frecuentes que padecen: enfermedades de transmisión sexual, consumo problemático, problemas de alimentación y secuelas vinculadas a violencia sexual, muchas padecidas por el trabajo sexual que practica o practicó la mayoría.

¿Por qué la identidad travesti es un posicionamiento político?

En relación a su identidad, Vargas dice: “Soy travesti, no soy ni mujer ni mujer trans. Soy travesti, a secas. La identidad travesti es un posicionamiento político y viene a reivindicar una historia. Yo me empecé a reivindicar como travesti porque conocí la historia de mis compañeras. Todo el mundo me decía «Ay, no te digas travesti, ay no te digas así que queda grosero, es tan vulgar, decí trans”. Ahí entendí que había un borramiento de la historia, de esta situación de violencia que atravesamos constantemente porque molesta. Nos gustan las travestis lindas, hegemónicas, que estudian. Esas son aceptadas. El resto somos las que molestamos, ya la palabra molesta. Además todo lo que se ha escrito lo han pensado personas cis. Mirá si una persona cis me va a poner la terminología. Nosotras hemos construido nuestra propia definición de lo que es ser travesti. Es muy importante tener memoria de donde venimos para que no nos pase lo que nos pasó con este hijo de puta que tenemos de presidente”.

La palabra cis o cisgénero es un término que se utiliza para describir a personas cuya identidad y expresión de género se alinea con las típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado al nacer.

La retirada de programas que fortalecían la Educación Sexual Integral (ESI, ley sancionada en 2006), la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y, por ende, de la mayor parte de la partida presupuestaria destinada a esta agenda, tienen consecuencias concretas en la vida de las y los argentinos. El presidente Javier Milei, además, eligió a toda la comunidad de lesbianas, gays, travestis y trans como un blanco específico de ataque.

Moralidad Pública y Liga de la Decencia: el aparato represivo contra las travestis

Entre las persecuciones sufridas por las travestis y mujeres trans de la ciudad hay dos nombres que resuenan: Moralidad Pública y La Liga de la Decencia. La primera, una división de la Policía de Santa Fe. La segunda, una organización civil fundada en 1963 bajo el lema “una sociedad más digna para nuestros hijos”.

La Liga de la Decencia tuvo como presidente al contador Pedro Martín García, buen vínculo con las dictaduras y no tanto con las democracias. Sus disputas políticas tuvieron como eje criminalizar cualquier expresión de sexualidad, el aborto, el uso del DIU, el juego y el consumo de drogas. La homofobia y el machismo eran rasgos constitutivos de su ADN. Se consideraban parte de la defensa de los valores de la familia y las buenas costumbres.

Cuando la dictadura del 66, encabezada primero por Juan Carlos Onganía, fortaleció los mecanismos de censura, La Liga de la Decencia participó de forma activa. En 1976, el año de inicio del genocidio en Argentina a partir del golpe de Estado que tuvo a Jorge Rafael Videla como líder, hubo dos hechos significativos que ilustran el corazón de la organización.

En el evento por el aniversario de La Liga, en julio, participó el comandante del Segundo Cuerpo del Ejército: Ramón Genaro Díaz Bessone, ministro de Planeamiento de Videla, ejecutor de cientos de desapariciones, a cargo de centros clandestinos de varias provincias. En los ochenta sería condenado y luego indultado. En los 2000 volvió al banquillo de los acusados y recibió una condena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

También en 1976, el gobernador de facto de Santa Fe, Jorge Desimoni, anunció una “campaña de moralidad pública”. Se trataba de intervenir en “espacios de diversión” como clubes o whiskerías. La Liga participó gustosa, aunque el trabajo estaba encomendado a las Municipalidades para lograr “un saneamiento de las costumbres”.

Los setenta eran años en que para un varón vestir camisas o remeras floreadas o llevar pelo largo o expresar gestos que no se correspondieran con la idea de hombre de la época, podía costar una detención. Ni hablar para las travestis.

Esos años y los que siguieron, en los ochenta, las travestis y mujeres trans de la ciudad vivían en comunidad, en general en pensiones, porque era donde podían alquilar. Para ellas la transición democrática en 1983, no fue tal. La persecución, las razzias, las detenciones masivas y arbitrarias seguían a la orden del día. Cada caída implicaba por lo menos 30 días de prisión, a veces 60, a veces 90.

La Liga de la Decencia colaboraba de forma directa con la división de Moralidad Pública de la Policía de Santa Fe: aportaba información concreta sobre dónde localizar a las travestis, para apresarlas. La organización, además, publicaba un folleto mensual donde adoctrinaban con sus ideas contra derechos de mujeres, gays, lesbianas, travestis y trans.

La Liga existió hasta mediados de los noventa, pero Moralidad Pública siguió operando en la ciudad. Muchas travestis se fueron exiliando, empezaron a fines de los setenta pero en los ochenta y noventa todo siguió igual. Las que se iban, ahorraban dinero para mandarles a las que quedaban acá. En países como Francia o Italia no las perseguían por travestis y hasta las trataban en femenino. Un paraíso para la expresión libre de la propia identidad.

El libro «Ese es tu nombre», de Carolina Boetti (editado por Mal de Archivo en 2025), es un importante testimonio sobre cómo vivieron las travestis y mujeres trans en Rosario los últimos 50 años.

Avances legales y deudas pendientes

El Estado santafesino fue pionero: en 2018 amplió el alcance de la palabra preso político y entraron las travestis como sujeto específico que fue blanco de persecución sistemática del Estado. Así, pudieron cobrar las pensiones a las que los demás ex presos políticos accedían, aquellos pertenecientes a organizaciones políticas o sindicales.

Y en 2023 un paso más adelante, Santa Fe aprobó una ley de reparación histórica para todas aquellas que fueron perseguidas y encarceladas entre el 10 de diciembre de 1983 y 2010, año en que se terminaron de derogar los artículos del Código de Faltas que sancionaban el travestismo y la prostitución. Moralidad Pública había dejado de funcionar en 2004.

En Argentina hubo años de legislaciones progresivas para los derechos: en 2006 la ESI, en 2009 la ley contra la violencia de género, en 2010 el matrimonio igualitario, en 2012 la ley de identidad de género, en 2020 la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Rosario tiene cupo laboral trans desde 2016, Nación desde 2021. Ya existen herramientas legales: esto subraya Vargas durante toda la entrevista y se pregunta: “Estamos esperando que haya algún tipo de respuesta real, no las que nos ofrecen estos gobiernos que son todas respuestas punitivistas, persecutorias. Lo único que vengo viendo como respuestas políticas son patrulleros, gas pimienta, compra de armas Taser, más vacantes en la escuela de policía, una cárcel que llama El Infierno, ¿por qué no ponemos una mesa de trabajo que se llame el cielo donde podamos estar sentadas nosotras?”.