Tras la amenaza de demanda, Nación convocó a las constructoras pampeanas
Las constructoras amenazaron con ir a la Justicia por una deuda millonaria y Nación respondió con una convocatoria. Lo que se esperaba como un conflicto judicial podría terminar en un acuerdo.
La Casa Rosada convocó a las cuatro empresas constructoras pampeanas que amenazaron con demandar al Gobierno nacional por la deuda de los barrios Procrear. El encuentro servirá para avanzar en la rescisión de los contratos de obra, según confirmó a Diario Textual el presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, Adrián Pérez Habiaga.
La reunión se realizará la semana próxima y será solo entre las firmas y representantes de Nación. "Nos convocaron para la semana que viene a las empresas de La Pampa para empezar a charlar por la rescisión de los contratos. No es una reunión de Provincia con Nación", explicó Pérez Habiaga.
Una deuda millonaria
Las empresas Bepha, Ecop, Iaco e Ilka reclaman al menos $24.000 millones por trabajos certificados que quedaron impagos tras la paralización de las obras. Los tres desarrollos, que suman 636 viviendas (270 en Toay, 198 en General Pico y 168 en Santa Rosa), habían sido iniciados durante el gobierno de Alberto Fernández y frenaron cuando Javier Milei asumió la presidencia, en el marco del recorte de la obra pública.
En conjunto, las obras presentan un avance promedio de aproximadamente 20 por ciento.
El rol de la Provincia
Mientras tanto, el gobierno de Sergio Ziliotto avanza en las gestiones para cerrar el convenio por el cual Nación aceptó transferir los tres desarrollos urbanísticos a la Provincia. Pero el traspaso no resuelve el problema de fondo: completar las viviendas requiere una inversión estimada de entre US$40 y US$50 millones, según cálculos provinciales de comienzos de 2026.
La paralización de los Procrear ya tuvo consecuencias laborales y económicas desde 2024. En febrero de ese año, la interrupción de las obras había provocado unos 400 despidos, según informó Diario Textual.
El desafío, ahora, no pasa solo por obtener la transferencia de los barrios, sino también por definir cómo se financiará la finalización de las 636 viviendas.
