Tras la crisis portuaria, el Gobierno evalúa llevar la desregulación marítima al Congreso

La Casa Rosada no tira la toalla con la desregulación marítima. Después del conflicto que paralizó los puertos, el Ejecutivo analiza enviar al Congreso un proyecto de ley para reformar el cabotaje, mientras que la discusión sobre el practicaje podría llegar también al Parlamento, aunque primero buscarán un acuerdo con el sector.

En el Gobierno admiten que la suspensión del decreto 690/2026 fue un golpe duro a su plan inicial, pero aseguran que el diagnóstico sobre los costos y las regulaciones de la navegación comercial sigue intacto. “Se está revisando el paquete de Desregulación, pero se va a avanzar”, confiaron desde Nación.

¿Qué pasará con el cabotaje?

El cabotaje, que regula el transporte de mercaderías o pasajeros dentro del territorio nacional, es la apuesta más concreta. En Balcarce 50 admiten que existe la posibilidad de incorporar esos cambios a un proyecto de ley y lo definen como “un tema muy importante para el futuro del comercio del país”.

Antes del estallido, el Ministerio de Desregulación ya tenía listo un borrador que incluía una reforma amplia del cabotaje, con modificaciones a la Ley de Navegación, las reglas de dotación y tripulación, y el régimen de promoción de la Marina Mercante. Ese texto habilita, bajo ciertas condiciones, la participación de buques de bandera extranjera.

El practicaje, otra historia

El practicaje es un servicio público donde profesionales especializados asisten a los buques en ríos, canales y puertos. La Ley de Navegación establece que está regulado por la autoridad marítima y que sus tarifas se fijan por reglamentación. La reforma de este régimen es una discusión aparte.

En el Ejecutivo no descartan que el practicaje también termine en el Congreso, pero primero quieren agotar la instancia de diálogo. La nueva mesa de trabajo, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, tendrá participación de Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector.

Por el lado de los prácticos, John Ryan, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, será uno de los interlocutores. El objetivo es revisar los puntos que originaron el conflicto y elaborar una nueva regulación sin poner en riesgo la operatoria portuaria.

El decreto que paralizó los puertos

El decreto 690, suspendido, eliminaba el límite numérico para la inscripción de prácticos habilitados, permitía su contratación directa como independientes y flexibilizaba el traslado hasta los buques. También facultaba a la ANPYN a fijar tarifas máximas y a la Prefectura a intervenir en casos de crisis.

Esos cambios generaron un fuerte rechazo. Prefectura intimó a los profesionales a retomar las tareas, mientras que organizaciones de capitanes y trabajadores marítimos alertaron sobre los riesgos de reemplazar a los prácticos sin las habilitaciones correspondientes. El conflicto llegó a frenar más de un centenar de buques y afectó exportaciones, combustibles y proyectos energéticos.

El decreto 716, que formalizó la suspensión, establece que la mesa buscará “lograr los consensos necesarios” y trabajar en un nuevo reglamento de practicaje y pilotaje.

¿Qué viene ahora?

En la Casa Rosada buscan separar los distintos componentes de la agenda marítima para evitar otra avanzada sin coordinación. El cabotaje tiene una vía legislativa bajo análisis, mientras que el practicaje seguirá primero por la negociación y podría pasar después al Congreso. El objetivo de reducir costos logísticos y aumentar la competencia sigue vigente, pero el Ejecutivo esperará a escuchar a los sectores antes de dar el próximo paso.