Tras una década de disputa, la UNCA y el Gobierno sellan la paz con una sede en Andalgalá

El Gobierno de Catamarca, la Municipalidad de Andalgalá y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) firmaron un convenio para restaurar la histórica Casona Lafone Quevedo, que se convertirá en la sede universitaria del departamento. El acuerdo, encabezado por el gobernador Raúl Jalil y el rector Óscar Arellano, pone fin a más de diez años de tironeos entre la Casa de Altos Estudios y el Ejecutivo provincial.

Según el convenio, la UNCA elaborará el proyecto ejecutivo y dirigirá los trabajos, mientras que el municipio aportará su capacidad territorial, operativa y logística. La rúbrica se suma a la cesión de un terreno en Belén que Jalil le hizo a la universidad este mismo año, un gesto que Arellano agradeció destacando el “constante apoyo del Gobernador”.

El origen de la disputa

El conflicto se remonta a 2014, cuando la entonces senadora Inés Blas impulsó la creación de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), con sede en Belén. La iniciativa, enmarcada en la Ley de Educación Superior, llegó en un contexto favorable: durante los gobiernos kirchneristas se habían creado 17 universidades nacionales y el proyecto contaba con el respaldo de la gobernadora Lucía Corpacci y amplio apoyo popular.

Pero la UNCA se opuso. El entonces rector Flavio Fama, hoy senador nacional, argumentaba que era más práctico abrir una extensión de la casa existente que crear una nueva universidad. “Es la forma más rápida, eficiente, económica y que dará solución a todos los catamarqueños”, sostenía, y cuestionaba que el Ejecutivo no dialogara con la UNCA. En la misma línea, el decano de Ciencias Agrarias y actual rector, Óscar Arellano, se quejaba de que “nadie convocó a la universidad”.

La pulseada tenía un trasfondo político: el peronismo gobernante frente a una universidad considerada bastión radical. El diputado nacional Manuel Isauro Molina fue contundente: dijo que la UNCA era “un comité de la UCR” y “una usina de militancia del radicalismo”, con autoridades elegidas por un sistema “obsoleto” y una gestión “conservadora, llena de prejuicios y falsos valores”.

El giro hacia el diálogo

Con el tiempo, Jalil optó por el camino del entendimiento. Le dio a la UNCA respaldo para expandirse por el interior y sumó hitos como la incorporación de la carrera de Medicina en la provincia. Así, pese a que el gobierno siguió siendo peronista y la universidad radical, el diálogo prevaleció y los beneficiados fueron los estudiantes del interior.

La quema de libros, un recuerdo que duele

La nota también rescata un episodio histórico: el 30 de agosto de 1980, la dictadura militar quemó un millón y medio de libros en un baldío de Sarandí, Avellaneda. Las llamas duraron tres días en uno de los actos más absurdos del régimen, que también incineró obras en otras provincias. El 29 de abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez ordenó una quema en Córdoba para que “no se siga engañando a nuestros hijos”, y en la escuela Manuel Belgrano se quemaron 19 libros ante los alumnos, mientras 12 estudiantes desaparecían y varios docentes eran cesanteados.

La práctica no era nueva: en 1933, los nazis quemaron 25 mil libros en Berlín. En Argentina, la censura alcanzó a autores como Proust, García Márquez o Cortázar, y hasta a María Elena Walsh. El Ministerio del Interior lideró la cruzada, que identificó 120 “editoriales marxistas”. El texto cierra con una reflexión: “Es difícil precisar si lo terrible es que eso haya ocurrido, o que todavía hoy haya imbéciles que reivindican la dictadura”.