Tras una tragedia que conmovió al país, buscan cambiar una regla clave en las cárceles bonaerenses

Un dramático caso de extorsión que terminó en la muerte de un joven soldado impulsa un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares en las prisiones de Buenos Aires. La iniciativa, bautizada “Ley Rodrigo”, busca erradicar una práctica que, según sus impulsores, permite que el delito se extienda desde las celdas.

El diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza, presentó la propuesta que cuenta con respaldo técnico de figuras judiciales como Sandra Arroyo Salgado y el camarista Carlos Pagliere (hijo). El proyecto apunta a modificar la Ley de Ejecución Penal de la Provincia.

¿Qué pasó con Rodrigo Gómez?

La normativa lleva el nombre de Rodrigo Gómez, un integrante del Regimiento de Granaderos que se quitó la vida en la Quinta de Olivos. La investigación judicial estableció que el joven fue víctima de una red de extorsión que operaba mediante teléfonos móviles desde el interior de la Unidad Penal de Magdalena.

Este trágico desenlace puso en evidencia los riesgos del acceso a la tecnología por parte de los internos, un problema que el proyecto busca atacar de raíz.

¿Qué propone el proyecto “Ley Rodrigo”?

La iniciativa plantea una reforma profunda, eliminando la posibilidad de que los detenidos posean celulares o cualquier equipo con acceso a redes de datos. De esta manera, se anularía el protocolo vigente desde la pandemia, que permitía el uso de dispositivos personales bajo ciertas condiciones.

Los puntos centrales de la nueva regulación son estrictos. En primer lugar, las llamadas solo podrán realizarse a través de aparatos fijos o móviles provistos y auditados por el Servicio Penitenciario.

Se establece un límite temporal máximo de dos horas diarias de comunicación por interno. Además, cada recluso podrá contactarse exclusivamente con un listado de hasta cinco personas previamente autorizadas y registradas.

Uno de los aspectos tecnológicos clave es la exigencia de instalar sistemas de bloqueo de señal en todos los sectores de alojamiento. El proyecto especifica que estos inhibidores no deben interferir con las comunicaciones de emergencia de las autoridades.

Un operativo para retirar los celulares

La propuesta también contempla un mecanismo de transición para limpiar las celdas de tecnología ilegal. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario notificará a los internos, quienes tendrán un plazo de 24 horas para entregar sus equipos voluntariamente.

Si los dispositivos son entregados en ese plazo, podrán ser retirados por familiares luego de un período de seis meses. Sin embargo, el proyecto es drástico con lo que quede oculto.

Aquel teléfono que no esté declarado o sea hallado en requisas posteriores será destruido en un acto público frente a un escribano, como medida ejemplificadora.

El diputado Liberman fundamentó la necesidad de esta ley argumentando que busca cumplir con el mandato constitucional de seguridad. Su objetivo es garantizar que el encierro “no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”.

El caso que originó este proyecto revela cómo la tecnología dentro de las cárceles puede tener consecuencias devastadoras fuera de los muros, poniendo en la agenda legislativa un debate crucial sobre seguridad y derechos en el sistema penitenciario.