Trasladaron a siete policías y ahora falta saber dónde terminaron 130 pistolas

La investigación interna por el armamento comprado en 2022 ya tiene un número que preocupa: más de 130 pistolas Bersa 9 mm sin paradero conocido. Fuentes de la fuerza confirmaron a este diario que los informes solicitados por la Jefatura y la Subsecretaría de Control de Gestión revelaron el faltante, y que la causa administrativa estaría a un paso de pasar a manos de la Justicia Penal.

La decisión ya estaría tomada en esas dependencias, aunque desde las autoridades ejecutivas reina la cautela y el hermetismo. En las filas policiales, en cambio, el clima es otro: el escándalo crece a medida que se conocen detalles del supuesto destino incierto de las armas.

Un alto funcionario planteó a Tiempo de San Juan las preguntas que se repiten puertas adentro: ¿esas pistolas ingresaron a la institución y les dieron otro destino? ¿O se pagó por ellas —o eso figura en los papeles— y nunca llegaron a San Juan?

El lote bajo la lupa

El caso empezó a tomar forma antes de que el faltante trascendiera públicamente. La Subsecretaría de Control de Gestión impulsó una investigación interna para establecer qué había ocurrido con el armamento que no aparecía en los registros. Se trata de un lote de 500 pistolas Bersa calibre 9 milímetros adquirido por el Gobierno de San Juan en 2022 mediante licitación pública a la firma Punto de Impacto, durante la gestión de la Jefatura de Policía del gobierno provincial anterior.

Esa revisión puso bajo la lupa el funcionamiento de la División Armamento y abrió el camino al sumario administrativo. La Jefatura también pidió un inventario detallado sobre el destino de las pistolas: si se habían asignado y a quiénes.

Los traslados que destaparon todo

El escándalo tomó estado público el 16 de julio, cuando se conoció que la Jefatura había dispuesto el traslado de los siete efectivos que cumplían funciones en esa división, mientras avanzaba el sumario para determinar qué había ocurrido con las pistolas ausentes en los inventarios.

La resolución alcanzó al suboficial principal Mauricio Javier Ríos, la cabo primero Laura Verónica Aballay, los cabos primeros Javier Darío Lucero y Martín Hernán Villalobos y los cabos Carlos Andrés Chaves, Franco Miguel Troncoso y Franco Gabriel Tejada. En tanto, el subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña fue designado al frente del área para reorganizar la dependencia y normalizar los inventarios.

Dos versiones sobre el origen

Después de esa remoción comenzaron a conocerse las explicaciones sobre cómo se originó la investigación. Desde la Secretaría de Seguridad afirmaron que todo partió de un pedido de informe de la Justicia de Salta por una pistola Bersa perteneciente a la Policía de San Juan que había sido secuestrada en esa provincia.

Sin embargo, fuentes de la propia fuerza señalaron otro posible origen: un procedimiento de Gendarmería ocurrido el 18 de abril de 2026 sobre la ruta nacional 34, en la zona de Salvador Mazza, departamento de Orán. Efectivos del Escuadrón 61 controlaron un automóvil y hallaron ocho pistolas Bersa TPR9 calibre 9 milímetros con la numeración limada, además de 16 cargadores vacíos y tres teléfonos celulares. Por disposición de la Fiscalía Federal de Tartagal, las armas fueron secuestradas y los tres ocupantes quedaron detenidos.

El operativo fue informado oficialmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, aunque nunca se estableció públicamente el origen de las pistolas ni se confirmó que formaran parte del armamento adquirido por la Policía de San Juan. Dentro de la fuerza provincial, no obstante, comenzó a circular la versión de que esas armas pertenecerían a un lote comprado por San Juan.