Trata de estudiantes en Salta: suman acusaciones y la causa se vuelve "compleja"
La Justicia Federal prorrogó la investigación y sumó nuevas acusaciones. Hay un detalle sobre las pruebas que complica a los imputados.
La Justicia Federal de Salta avanza en la investigación por la presunta red de trata que captaba a estudiantes y adolescentes de entre 13 y 18 años con fines de explotación sexual. La causa, conocida como "el de las estudiantes vírgenes", mantiene a nueve personas imputadas y a varias con prisión preventiva.
En una audiencia reciente, el juez Leandro Bavio prorrogó la etapa preparatoria hasta el 28 de noviembre y la Fiscalía amplió las acusaciones contra los principales sospechosos. Según informó el medio Gente de Salta, el fiscal Eduardo Villalba sostuvo que las actuaciones permitieron acreditar la existencia de una organización estable dedicada a la explotación sexual y la captación de víctimas en contextos de vulnerabilidad.
Pruebas y nuevas imputaciones
La prórroga, según las autoridades, resulta necesaria para incorporar pericias electrónicas solicitadas por las partes y requerimientos tramitados ante la INTERPOL. Los peritajes tecnológicos ya permitieron identificar imágenes de contenido sexual en los dispositivos secuestrados y coincidencias de direcciones IP, evidencias que se suman a las declaraciones testimoniales de las jóvenes afectadas, tomadas mediante el procedimiento de Cámara Gesell.
La fiscalía fundamentó los pedidos de ampliación de imputación por los delitos de abuso sexual, suministro de estupefacientes y tenencia de material de abuso infantil. En el caso del imputado Gonzalo Chibán, se sumó además la acusación por insolvencia fraudulenta tras detectarse donaciones de inmuebles previas a las tramas de embargo.
Medidas de coerción
El tribunal dispuso mantener la prisión preventiva de siete de los acusados en establecimientos carcelarios y la modalidad domiciliaria para otros dos. La resolución judicial contempló la escala penal de los delitos investigados, la posibilidad de fuga y la necesidad de evitar presiones sobre las víctimas.
El magistrado fundamentó la complejidad del expediente en la cantidad de involucrados, la pluralidad de hechos delictivos y el período de tiempo en que habrían operado. Las actuaciones continuarán hasta el vencimiento del plazo fijado por el juzgado federal.