Tres Arroyos va a la Justicia por la Zona Fría: qué pasará con el gas de miles de familias

El municipio de Tres Arroyos, que conduce Pablo Garate, presentó una demanda contra el Gobierno nacional para frenar los recortes al subsidio de Zona Fría, el régimen que el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó para aliviar la tarifa de gas en las regiones más frías del país.

La movida judicial busca conservar un beneficio que la comuna considera ya adquirido y que fue diseñado, justamente, para amortiguar el peso de la factura de gas en zonas donde el frío aprieta de verdad.

Una avanzada que ya tiene antecedentes

No se trata de una presentación aislada. La de Tres Arroyos se suma a otras acciones legales que buscan sostener el mismo beneficio, como el amparo que impulsó la Defensoría del Pueblo en Mar del Plata y el que promovió el municipio de La Costa.

En todos los casos, el objetivo es que la quita del subsidio no llegue a los usuarios ni a las entidades que hasta ahora venían cubiertas por el régimen.

Qué se reclama puntualmente

La acción presentada por la administración local pide revertir la eliminación de la bonificación para un grupo de instituciones comunitarias: clubes deportivos, entidades sin fines de lucro y organizaciones de bien público que quedaron afuera del beneficio impositivo con la nueva reglamentación.

Además, la demanda objeta el cambio en la forma de calcular el descuento para los usuarios residenciales. El criterio nuevo deja de lado las deducciones directas del 30% y el 50% que fijaba el esquema anterior y achica la porción de la tarifa alcanzada por el descuento, lo que en la práctica se traduce en una reducción del beneficio que aparece en cada factura.

El argumento climático que sostiene el municipio

Entre los fundamentos técnicos y jurídicos de la presentación, la comuna remarca que la condición climática de Tres Arroyos no cambió desde que el régimen se puso en marcha en 2021.

Desde el municipio sostienen que el consumo elevado de gas en la zona responde a una necesidad meteorológica estricta y estructural, y que por eso resulta arbitrario condicionar o restringir la cobertura climática según indicadores de ingresos socioeconómicos.

Qué espera conseguir el Ejecutivo municipal

Con esta presentación, la administración de Garate pretende que la Justicia ordene una revisión integral de las resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

El planteo es que esas normas vulneran derechos adquiridos, generan diferencias regresivas entre las distintas categorías de usuarios y ponen en riesgo el sostén operativo tanto de las familias como de las instituciones locales.