Tres celulares, una adolescente y una escuela bajo la lupa: la decisión que tomó el Ministerio

El Ministerio de Educación y Trabajo de Jujuy ordenó una intervención excepcional en el nivel secundario del Colegio Privado Pía Didoménico, luego de que el caso por la difusión de fotos íntimas de una adolescente sumara nuevos episodios de acoso escolar y desembocara en tres investigaciones judiciales.

La medida fue dispuesta por la ministra Verónica Soria y se extenderá por 30 días consecutivos. La auditoría busca recomponer la convivencia dentro de la institución, contener a los alumnos y sus familias, verificar la aplicación de los protocolos de protección y asegurar que los estudiantes puedan continuar con su recorrido escolar.

La intervención se suma al procedimiento administrativo que la cartera educativa ya había iniciado para analizar posibles sanciones contra el establecimiento y determinar qué responsabilidades organizativas le caben en materia de protección de la comunidad educativa.

Qué dicen las causas en la Justicia

El caso trascendió públicamente y abrió dos frentes en paralelo: uno judicial y otro administrativo.

En el fuero penal juvenil, la Fiscalía formuló cargos contra tres adolescentes, señalados por ingresar sin autorización al celular de una compañera y difundir masivamente fotografías de carácter íntimo.

Por otro lado, la Fiscalía Penal de Séptima Nominación, especializada en delitos informáticos, investiga una denuncia por presuntos hechos de hostigamiento y amenazas contra una estudiante que ya cumplió los 18 años. A esa causa se sumó una nueva presentación judicial vinculada con daños provocados en el domicilio de la joven.

Tras la repercusión pública y las protestas de familiares y alumnos frente al colegio, las autoridades del establecimiento difundieron comunicados en los que aseguraron haber actuado con rapidez aplicando los protocolos de convivencia escolar. Más adelante, en cambio, admitieron que si bien algunos incidentes ocurrieron fuera de la escuela, el origen de esas situaciones estaba ligado a las relaciones y la convivencia diaria dentro de la institución.

Cómo funcionará la auditoría

El Ministerio había intimado al colegio a entregar un reporte pormenorizado de lo ocurrido en un plazo de 24 horas y, en simultáneo, puso en marcha una investigación administrativa. Con ese cuadro de situación, Soria ordenó que un equipo especial se presentara en las instalaciones para concretar la intervención.

La disposición fija los lineamientos y el procedimiento de esta medida excepcional. La coordinación quedará en manos de la Dirección Provincial de Mediación Escolar, que conformará un grupo interdisciplinario transitorio con especialistas externos al colegio, con el fin de garantizar una actuación objetiva e imparcial.

La normativa aclara que la intervención no implica apartar a los directivos ni reemplazar a la entidad responsable del establecimiento: ambas partes mantienen sus obligaciones y responsabilidades legales.

El equipo tendrá a su cargo examinar el clima de convivencia en la escuela y analizar las estrategias institucionales en materia de organización, enseñanza y protección. También podrá pedir registros, documentos, actas, pactos de convivencia y reportes, detectar eventuales irregularidades o información faltante y abrir instancias de diálogo individual con alumnos, familiares y docentes.

Según se informó, esas entrevistas se harán sin la participación de directivos y, si es necesario, en un lugar ajeno al colegio, para evitar presiones y que los afectados vuelvan a atravesar situaciones traumáticas. Además, se controlarán las condiciones de resguardo de los estudiantes en las áreas compartidas y durante los intercambios dentro de la institución, y se habilitará una vía de contacto y denuncia directa.

Las autoridades y los representantes legales del Pía Didoménico deberán garantizar el ingreso irrestricto a las instalaciones, facilitar los archivos requeridos, disponer de lugares adecuados para las entrevistas y designar a una persona como nexo de comunicación.

El operativo tendrá un período inicial de 30 días consecutivos con un seguimiento detallado de su desarrollo. Toda la información recopilada y los datos personales quedarán bajo estricta confidencialidad, para proteger la privacidad, la identidad y la integridad de los alumnos involucrados.

El marco legal que se aplica

La intervención se encuadra en la Resolución Ministerial N.º 233/2022, que aprobó el Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas, aplicable tanto a escuelas públicas como privadas.

Ese documento establece pautas para actuar ante este tipo de episodios, brindar asistencia con equipos de distintas disciplinas, garantizar la protección de derechos y coordinar acciones con los organismos correspondientes.

Para las autoridades educativas, el episodio de violencia digital que salió a la luz constituye un conflicto grave en el ámbito de la convivencia escolar que exige la intervención del establecimiento. Por eso consideran indispensable asegurar las condiciones para que los estudiantes puedan ejercer plenamente su derecho a recibir educación.