Una tesorera municipal quedó apartada de los sistemas contables, las cuentas bancarias y los archivos del Municipio. Detrás de la acusación formal hay tres firmas que llevan tiempo enfrentadas al intendente: qué dice la resolución y qué puede responder la funcionaria.
El Concejo Deliberante de Puelén dio un paso que complica el tablero político del municipio: por unanimidad acusó formalmente a la secretaria de Hacienda y Tesorería por presuntas irregularidades contables, administrativas y financieras y le aplicó una suspensión preventiva inmediata. La decisión quedó plasmada en la Resolución 17/2026.
La funcionaria acusada ahora tiene 10 días hábiles administrativos para presentar su descargo por escrito y ofrecer las pruebas que considere pertinentes. Hasta que se resuelva el procedimiento, no podrá tocar nada vinculado al manejo económico de la comuna.
Quiénes firmaron la acusación
La medida fue aprobada por unanimidad el 12 de noviembre de 2026, según el comunicado oficial que difundió el Concejo. Lleva la firma y el aval de las tres concejalas: Xiomara Suyay Pino, por Comunidad Organizada; Roxana Andrea Maya, por Juntos por el Cambio; y Laura Alejandra Maya, por el Frente Justicialista.
El respaldo de las tres edilas no es un dato menor. Hace tiempo que se registra una interna sorda entre ellas y el intendente Mario Franco Rebolledo Bogado, y esta movida representa un nuevo dolor de cabeza para el jefe comunal.
Qué dicen los artículos de la resolución
El texto aprobado comunica a la comunidad que la decisión se tomó después de analizar las rendiciones de cuentas de septiembre, noviembre y diciembre de 2024, y de enero, febrero, marzo y mayo de 2025. En su artículo primero, el Concejo resolvió formular la acusación formal contra la Secretaría de Hacienda y Tesorería en el marco de la Ley Provincial 1597.
El artículo segundo dispone la suspensión preventiva inmediata de la funcionaria, con prohibición de acceder a los sistemas contables, a las cuentas bancarias y a los archivos del Municipio mientras se sustancie el procedimiento.
El artículo tercero le garantiza el derecho de defensa: se le corre traslado por 10 días hábiles administrativos para que presente su descargo y ofrezca la prueba que estime conveniente. El artículo cuarto establece que, una vez vencido ese plazo, el Concejo dictará la resolución que corresponda.
El expediente, a disposición
Para los fines defensivos de la imputada, el comunicado aclara que el documento completo, con sus fundamentos y respaldado en las Resoluciones 05/2026, 06/2026 y 10/2026 y en las Notas 68, 74, 79, 82, 88, 91 y 104/2026, se encuentra disponible para consulta.
La acusación no implica una condena: se trata de presuntas irregularidades que deberán despejarse durante el procedimiento, con el descargo de la funcionaria como próximo capítulo.